La reciente detención de cinco ciudadanos brasileños buscados por la Justicia de su país volvió a poner bajo la lupa la fragilidad de los controles de identidad en Bolivia. El operativo, dado a conocer ayer, se suma a una serie de capturas de fugitivos vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), varios de ellos con documentos falsos o identidades distintas a las reales.
Desde la posesión de Rodrigo Paz, el 8 de noviembre de 2025, un recuento elaborado por EL DEBER a partir de registros de Migración y la Fiscalía identificó a 18 personas detenidas que fueron señaladas como integrantes del PCC o de redes relacionadas. El Gobierno sostiene que avanza en el desmantelamiento de estructuras que, durante años, habrían encontrado protección dentro de distintos espacios vinculados al delito.
De acuerdo con la Policía Civil de Mato Grosso, los cinco últimos incluidos en ese conteo fueron ubicados en una vivienda de Santa Cruz de la Sierra. Sus edades son 23, 23, 25, 26 y 38 años, y todos tenían órdenes de arresto emitidas en Brasil. Dos son originarios de Santa Catarina, dos de San Pablo y uno de Maranhão. Sus identidades fueron confirmadas mediante cooperación entre policías bolivianos y brasileños, según el reporte.
El caso se suma a otros episodios recientes que revelan el uso de identidades falsas por parte de presuntos miembros de organizaciones criminales brasileñas en territorio boliviano. El 24 de octubre fue aprehendido en Concepción Engri Júnior de Almeida Maia, alias ‘Júnior Trindade’, identificado como jefe de Amigos do Estado (ADE), grupo vinculado al PCC. Según los reportes, se hacía pasar por Julio Salles Barbosa y contaba con una cédula boliviana, además de registros del Serecí bajo el nombre de Julio Maia Sampaio.
Antes, el 9 de octubre, cayó en Santa Cruz Marco de Oliveira Ferreira, señalado como integrante de alto rango del PCC. El comandante Adrián Álvarez afirmó entonces que utilizaba documentos falsificados. En mayo, Gerson Palermo fue detenido en Cotoca, donde vivía desde hacía años y se presentaba como empresario agrícola. Su caso también estuvo marcado por documentación falsa y por condenas que, según los antecedentes, sumaban 126 años de cárcel.
En marzo fue capturado Douglas de Azevedo Carvalho, conocido como ‘Mancha’, vinculado a redes criminales brasileñas. Su expediente incluye una cédula boliviana y un pasaporte italiano falsos. A ello se suman los casos de Cleber Suárez Aulis y Luis Gustavo Sippes de Oliveira, detenidos en diciembre de 2025, quienes también manejaban otras identidades.
Uno de los antecedentes más sensibles ocurrió el 16 de mayo de 2025, antes del actual Gobierno, cuando fue detenido Marcos Roberto de Almeida, ‘Tuta’, mientras intentaba renovar un documento de extranjero en el Segip cruceño bajo el nombre de Maycon Gonçalves da Silva. A raíz de ese caso, dos policías fueron imputados por presunta colaboración y uno fue dado de baja. También fue procesado un tramitador. Otro antecedente es la denuncia contra al menos dos exfuncionarios del Segip por haber facilitado en 2014 una cédula a Sérgio Luiz de Freitas Filho, ‘Mijão’, bajo el nombre de Sérgio Noronha. Hasta ahora, no existe un balance consolidado sobre la cantidad de servidores públicos procesados por la emisión irregular de documentos.
En paralelo, un mapeo del Ministerio Público de San Pablo, con datos de 2023 difundidos en junio de 2025, contabilizó a 146 integrantes del PCC en Bolivia: 75 en prisión y 71 en libertad. Ese registro refuerza la dimensión del problema y la presencia sostenida de esta organización en el país.
La preocupación también aparece en el plano de los diagnósticos institucionales. En su informe Un campo minado (2026), Fundación Milenio advirtió sobre la expansión del crimen organizado y su relación con la debilidad institucional y la penetración de intereses ilegales en estructuras del Estado. Los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla sostienen que, entre 2006 y 2025, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal crecieron en un contexto de corrupción y captura institucional. Como salida, plantean fortalecer el Estado de derecho, profesionalizar y despolitizar la Policía, garantizar una justicia independiente y reforzar los controles contra el
