La nueva ofensiva diplomática de Estados Unidos contra la corrupción y el narcotráfico en la región colocó a Bolivia en el centro de la atención, con una particular concentración de nombres ligados al sistema de justicia. De los 13 bolivianos identificados públicamente por Washington, nueve tienen relación directa con la Fiscalía, los tribunales o la magistratura, lo que convierte a ese sector en el más expuesto dentro de la medida anunciada el lunes 28 de septiembre por el Departamento de Estado.
La decisión forma parte de las acciones asumidas en el marco del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional a la que Bolivia se sumó junto con otros países del hemisferio. Según la posición estadounidense, esta política busca limitar el ingreso de extranjeros que, a juicio de Washington, debilitan a gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o por su vínculo con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Pese a que la medida fue presentada de manera conjunta, jurídicamente no todos los casos fueron tratados de la misma forma. En 12 de los 13 nombres difundidos, Estados Unidos revocó visas vigentes aplicando la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite impedir el ingreso de extranjeros cuando el Gobierno estadounidense considera que su presencia o sus actividades podrían generar consecuencias adversas graves para su política exterior.
El caso de Róger Rider Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado, fue distinto. En su situación, Washington recurrió a una designación pública bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense, asociada a lo que denomina “corrupción significativa”. El Departamento de Estado afirmó que Mariaca “solicitó y aceptó sobornos” para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. La medida también alcanza a sus familiares inmediatos.
Mariaca rechazó de inmediato las acusaciones y, desde Sucre, aseguró que continuará al frente de sus funciones. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó tras conocer la determinación estadounidense.
En el resto de los casos, el comunicado difundió nombres y cargos, pero no detalló imputaciones individualizadas ni expuso públicamente las pruebas atribuidas a cada persona. Por esa razón, la revocación de visas se enmarca en una decisión administrativa y migratoria dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, sin que ello implique por sí mismo una responsabilidad penal en Bolivia.
Ese mismo criterio fue recogido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, quien al referirse a las restricciones señaló que “cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes migratorias”. También advirtió que cuestionar esa potestad equivaldría a ingresar en decisiones soberanas de otro país.
Desde el Gobierno boliviano, en cambio, la reacción fue de preocupación. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de graves los señalamientos y anunció que se pedirán formalmente a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios. “Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, sostuvo al informar que se abrirán investigaciones sobre las personas alcanzadas por la medida.
Además de los 13 nombres identificados públicamente, el Departamento de Estado informó que otros nueve ciudadanos bolivianos, cuyos nombres no fueron divulgados y que actualmente no tienen visa, quedaron junto con sus familias impedidos de obtenerla. En total, la acción estadounidense involucra al menos a 22 bolivianos.
Entre los mencionados figura Frans William Cabrera Quispe, coronel en servicio activo de la Policía Boliviana, quien estuvo al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico durante las gestiones 2025 y 2026. En agosto pasó a la Inspectoría General de la Policía y luego fue relevado. Actualmente la Felcn está dirigida por el coronel Marcelo Andrés Núñez Rojas.
También aparece Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior del Ministerio Público con sede en Sucre, quien fue fiscal departamental de Chuquisaca y hasta abril de este año representó a la Fiscalía General en reuniones internacionales como la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. Posteriormente dejó la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.
Washington incluyó asimismo a Iván Ramiro Campero Villalba, exdecano del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y exmag
