En el departamento de Tarija, un contingente de 30.000 ciudadanos no podrá ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales, fijadas para el 17 de agosto. Esta cifra representa aproximadamente el 6% de la población total de Tarija, que asciende a 534.348 habitantes. La inhabilitación de estos individuos se debe a su situación irregular ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci), al no haber regularizado su estatus.
El presidente del TED, Marco Aguirre, había indicado previamente que el número inicial de personas en esta condición ascendía a 32.000. Se les otorgó un período de un mes para regularizar su estatus y así garantizar su participación electoral. Sin embargo, una vez finalizado el plazo, únicamente 1.200 individuos completaron los procedimientos necesarios, consolidando la cifra actual de inhabilitados.
Este sábado se difundirá la lista oficial que detalla a los ciudadanos aptos y no aptos para sufragar. Las repercusiones para aquellos que no subsanaron su condición son considerables. Además de no poder emitir su voto, no recibirán el certificado de sufragio ni podrán solicitar un certificado de impedimento. Adicionalmente, enfrentarán una restricción de 90 días para realizar transacciones financieras y se les imposibilitará postularse a cargos en el servicio público. Para futuras habilitaciones, deberán abonar multas que varían entre 500 bolivianos para los ciudadanos que no votaron y 1.200 bolivianos para aquellos designados como jurados que no asistieron a sus funciones.
Mientras tanto, las autoridades electorales de Tarija prosiguen con la fase de preparación logística con miras a los comicios del 17 de agosto. En este sentido, se ha establecido coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a fin de garantizar el abastecimiento de carburantes. Este suministro es fundamental para el transporte de las urnas y el material electoral a las diversas localidades del departamento
