Tres de los principales aspirantes a la presidencia del país participaron en el reciente Foro Agropecuario, un evento clave organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). La jornada contó con la presencia de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, quienes compartieron sus visiones para el sector productivo, mientras que el candidato Andrónico Rodríguez no asistió al encuentro.

La sesión, que se extendió desde las 9:00 hasta las 12:20, sirvió como plataforma para que los postulantes coincidieran en la trascendencia del sector agropecuario para la economía nacional. Todos destacaron su capacidad inherente para generar divisas de manera expedita, un recurso considerado fundamental en el actual escenario económico. Para organizar la presentación de sus planes ante las inquietudes del sector, se realizó un sorteo que definió el orden de exposición: primero Reyes Villa, seguido por Doria Medina y, finalmente, Quiroga.

En su turno, Manfred Reyes Villa puso especial énfasis en la defensa de la propiedad y la inversión privada. Subrayó la urgencia de reformar el Código Penal para tipificar las invasiones de tierras como delito, proponiendo un aumento de las penas de prisión hasta ocho años. El candidato expresó su determinación de no tolerar que grupos organizados ocupen predios productivos privados, advirtiendo que, bajo su eventual gobierno, tales acciones serían severamente castigadas. Respecto a la escasez de diésel, Reyes Villa mencionó la existencia de un proyecto de ley sobre carburantes que, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, permitiría a Bolivia importar el combustible a un costo de cinco bolivianos por litro, eliminando la necesidad de subsidios estatales. Aseguró, además, que ya se han recibido ofertas de tres empresas para el suministro, e incluso sugirió la posibilidad de un precio inferior si las condiciones de operación resultan favorables. Otra de sus propuestas incluyó la modificación del sistema de verificación de la Función Económica Social (FES), un requisito esencial para la titulación de tierras. Planteó extender el plazo de fiscalización de dos a diez años, respondiendo a una demanda de los productores para fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el acceso al crédito.

Por su parte, Samuel Doria Medina presentó una estrategia orientada a la recuperación de la estabilidad económica, impulsando el sector agropecuario como motor de una nueva fase de desarrollo en Bolivia. Se comprometió a que, en los primeros cien días de su administración, garantizaría el abastecimiento de dólares, gasolina y diésel sin recurrir a subsidios. Aclaró que su objetivo no era ofrecer diésel a bajo costo, sino implementar una solución estructural que erradicara los subsidios y el contrabando, elementos que, según su análisis, distorsionan la economía y perjudican a los productores. Doria Medina visualizó que, tras este periodo inicial de ajuste, el país entraría en un nuevo ciclo de prosperidad con el agro como protagonista. Argumentó que este sector no solo es vital para la producción de alimentos, sino que representa la mejor alternativa para compensar la disminución de ingresos por la caída del gas. En línea con esta visión, se comprometió a eliminar todas las restricciones al uso de biotecnología, indicando que, ante un eventual conflicto entre medio ambiente y producción, priorizaría la producción por considerarla estratégica para el país. Adicionalmente, propuso la creación de una institución en Bolivia similar a Embrapa, el centro de investigación agrícola de Brasil, para impulsar la ciencia y tecnología en el ámbito rural, haciendo hincapié en su experiencia como empresario para comprender las dificultades del sector.

Finalmente, Tuto Quiroga, el tercer candidato en intervenir, propuso la suscripción de un Pacto Agropecuario de Salvación Nacional como eje central de su plan para revitalizar la economía boliviana. El expresidente afirmó que el sector agropecuario es el único con capacidad inmediata para exportar, generar divisas y rescatar la economía, y sugirió que este pacto se convierta en ley a partir del 8 de noviembre. Quiroga advirtió sobre una crisis terminal que, a su juicio, es resultado de dos décadas de administraciones que habrían asfixiado al sector productivo. Los pilares de su pacto agropecuario incluyen la seguridad jurídica y la protección de la propiedad, la plena autorización de la biotecnología con homologaciones inmediatas de eventos transgénicos, la liberalización de la importación de combustibles y el fomento de la producción nacional de biodiésel. También planteó una reforma estructural del aparato estatal para evitar que compita con los productores. Su propuesta se resume en principios como prohibido prohibir, prohibido limitar, y la penalización de invasiones, bloqueos y extorsiones, concibiéndolos como un nuevo código productivo para el país. Otros elementos del pacto abarcan la reducción de impuestos y la inversión en infraestructura estratégica, prometiendo rebajas arancelarias para insumos, maquinaria y agroquímicos. Priorizó, además, la descentralización y la meritocracia institucional, así como el fin del centralismo fiscal, proponiendo que el 62% de los recursos públicos se distribuyan directamente a las regiones y gobiernos subnacionales.

En una evaluación de las propuestas, Carlos Aranda, economista del Centro de Estudios Populi, valoró positivamente el espacio de diálogo, señalando que las intervenciones de los candidatos reflejaron un consenso sobre la necesidad de transformaciones profundas en el país. Sin embargo, Aranda también apuntó a ciertas deficiencias, como la falta de agresividad en las propuestas, la ausencia de detalles sobre la implementación de los cambios y una insuficiente transparencia respecto a las posibles dificultades que la población podría enfrentar durante el proceso de ajuste