El Gobierno boliviano y la Central Obrera Boliviana han llegado a un acuerdo sobre los ajustes salariales para la presente gestión. Se determinó un incremento del 10% al salario mínimo nacional y un aumento del 5% al haber básico.

Este ajuste salarial, según análisis basados en datos oficiales, beneficiará a aproximadamente 1,1 millones de trabajadores. Se estima que representará un desembolso adicional de alrededor de 3.100 millones de bolivianos, que deberá ser asumido tanto por el sector público como por el privado.

Expertos señalan que el incremento favorecerá principalmente a los trabajadores del sector formal, quienes cuentan con contratos laborales o forman parte de la planilla de alguna entidad. El amplio sector informal, que abarca a cerca de 5,8 millones de personas (aproximadamente el 84,2% de la fuerza laboral), no se verá directamente beneficiado por estas medidas.

La distribución del beneficio se proyecta de la siguiente manera: el 45% recaerá en el sector público, el 31,2% en el sector privado, y el 24% restante impactará a quienes perciben únicamente el salario mínimo nacional. En términos de cantidad de personas, se estima que más de medio millón de trabajadores públicos (incluyendo quienes ganan por encima de un determinado umbral y los que perciben el mínimo) y cerca de 340.000 trabajadores privados serán los principales grupos beneficiados.

Un economista local destacó que el incremento salarial acordado es el más significativo de los últimos siete años. Sin embargo, esta medida se da en un contexto económico caracterizado por una elevada inflación y un bajo crecimiento, una situación descrita como estanflación.

Desde esta perspectiva crítica, se anticipa que el aumento podría generar una mayor presión inflacionaria en el corto plazo, incrementar la informalidad y la inestabilidad laboral, desalentar la inversión privada, acentuar la desaceleración económica y, potencialmente, aumentar los niveles de pobreza. Se argumenta que el financiamiento de este incremento implicará ajustes presupuestarios, reducción de la inversión pública, endeudamiento interno o mayor emisión monetaria por parte del Gobierno, mientras que el sector privado podría responder con alzas de precios, recortes de costos o despidos graduales. Esta visión califica el aumento como una decisión arriesgada y con una fuerte carga política.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se confirmó que, tras el acuerdo con la COB, el nuevo salario mínimo nacional pasará de 2.500 a 2.750 bolivianos. El incremento del 5% al haber básico se aplicará específicamente a los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas. Autoridades gubernamentales afirmaron que el acuerdo busca preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país.

Durante el anuncio oficial, realizado en la sede de gobierno, se destacó la madurez de la dirigencia sindical al aceptar porcentajes menores a sus demandas iniciales (15% para el mínimo y 20% para el básico) con el fin de no perjudicar la economía nacional. Se presentó el acuerdo como absolutamente racional, orientado a facilitar el funcionamiento económico, revitalizar el consumo familiar y asegurar el bienestar de los hogares bolivianos.

La justificación principal para el incremento salarial es compensar la pérdida de poder adquisitivo experimentada por la población debido a la inflación registrada en 2024, que alcanzó el 9,97%. Se atribuyó esta inflación a diversos factores, incluyendo bloqueos de carreteras que afectaron precios, especulación, sequías y presiones derivadas de productos importados. Aunque se mencionaron esfuerzos gubernamentales para reducir los precios de productos esenciales, se reconoció que el impacto del alza de precios del año anterior ya se refleja en la tasa inflacionaria.

Por otro lado, el sector empresarial ha manifestado su rechazo al acuerdo. Instituciones representativas de la industria demandaron una revisión de la medida, advirtiendo que podría profundizar el estancamiento económico.

Un comunicado de la cámara nacional de industrias alertó sobre la baja tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que se situó en 2,1% hasta septiembre de 2024, el nivel más bajo desde la pandemia. Se argumentó que un aumento salarial en las condiciones actuales podría contraer la demanda interna, fomentar el contrabando y afectar negativamente el crecimiento. Asimismo, se señaló que la inflación acumulada a marzo de 2025 alcanzó el 13,87%, y un aumento salarial podría exacerbar esta tendencia alcista, mermando la competitividad de la producción nacional.

Otra preocupación expresada por los industriales es el impacto en el déficit fiscal, que se acerca al 10,9% del PIB, debido al mayor gasto público asociado al ajuste salarial. También se destacó la presión sobre las empresas privadas, en particular las pequeñas y medianas, que ya enfrentan desafíos como altos costos de importación, escasez de combustibles y falta de divisas.

Según el gremio empresarial, solo una fracción minoritaria de la población laboral formal se beneficiará del aumento, en un contexto donde el empleo formal es limitado. Se denunció que los elevados aportes patronales, calculados en una proporción significativa por cada cien bolivianos de incremento salarial, elevan el costo laboral y ponen en riesgo la competitividad de las empresas bolivianas que operan en la formalidad.

Un líder empresarial de Santa Cruz sostuvo que la medida no refleja la realidad económica de la mayoría de los bolivianos. Argumentó que una gran parte de la población, que vive de la economía del día a día y no recibe el incremento, sufre directamente el impacto de la inflación sin ningún alivio. Se advirtió que la crisis económica es una realidad innegable y que el modelo económico actual estaría perpetuando la informalidad laboral, agravando las dificultades para millones de ciudadanos. Se criticó a quienes celebran el ajuste salarial sin reconocer, a su juicio, los problemas estructurales que afectan a la economía del país