Tras la posesión del coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi como nuevo comandante general de la Policía Boliviana, legisladores demandaron que una de sus primeras acciones sea dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra Evo Morales. Para varios parlamentarios, ese mandato judicial no puede seguir postergándose y la institución debe actuar con firmeza, en apego a la ley.

El diputado Rafael López fue uno de los más críticos con la gestión anterior. Cuestionó que Mirko Sokol no haya ejecutado la orden de aprehensión emitida contra el expresidente y sostuvo que esa omisión debería ser objeto de proceso. En ese marco, pidió al nuevo jefe policial no repetir la misma conducta y cumplir con lo dispuesto por la justicia.

López afirmó que la Policía tiene la obligación de ejecutar cualquier mandamiento de aprehensión emitido por una autoridad competente y expresó su expectativa de que Álvarez “pase su examen” en el corto plazo. Incluso mencionó que ese cumplimiento debería concretarse en esta semana o, como máximo, en diez días.

El legislador también planteó que, si para hacer efectiva la captura se requiere apoyo del Ejército o de organismos internacionales, la Policía Boliviana debería solicitarlo sin demora. A su juicio, Evo Morales debe ser aprehendido cuanto antes para evitar que continúe impulsando movilizaciones que, según dijo, podrían derivar en una mayor convulsión social en el país.

En la misma línea, la diputada Sandra Rivero señaló que el nuevo comandante debe dejar claro si el cumplimiento de esa orden judicial será o no una prioridad para la institución. A su criterio, la Policía debe actuar en función de la normativa vigente y no en base a decisiones personales de quien encabece el Comando General.

Rivero remarcó además que el mandato de la justicia debe ser ejecutado con independencia de cualquier consideración política. Para la legisladora, la institución del orden no puede apartarse de la ley ni seleccionar qué disposiciones cumplir.

Por su parte, la diputada Catherine Pinto sostuvo que la Policía enfrenta varios asuntos pendientes bajo la nueva administración. Aunque reconoció la relevancia del caso Morales, consideró que también debe abordarse la ley de nivelación salarial para atender las falencias que atraviesa la institución.

No obstante, Pinto insistió en que la orden de aprehensión contra el expresidente debe cumplirse como cualquier otra disposición judicial. En su criterio, en Bolivia no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría frente a la ley, ni mandatos de la justicia que se ejecuten de manera desigual.