El juicio contra el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, se encuentra a las puertas de su instalación, luego de que la Fiscalía presentara en mayo de este año la acusación formal en su contra por los delitos de uso indebido de influencias y concusión. Según explicó su abogado defensor, Andrés Zúñiga, el cargo por enriquecimiento ilícito fue descartado en el curso del proceso.

Zúñiga sostuvo que la causa ya ingresó en la fase previa al juicio, debido a que la prueba de cargo presentada por el Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía ya fue radicada en el juzgado. En ese contexto, el abogado señaló que el proceso gira en torno a una carta notariada vinculada a Claudia Cortez, a quien identificó como recaudadora de un exministro que actualmente tiene sentencia por hechos de corrupción.

La situación procesal de Huarachi se agravó el lunes por la mañana, cuando fue aprehendido en la ciudad de Oruro y trasladado de inmediato a La Paz, donde quedó recluido en el penal de San Pedro, precisamente en el marco del juicio que está próximo a comenzar. El exdirigente cobista fue denunciado por Claudia Cortez, quien afirmó que habría recibido dinero proveniente de coimas entregadas por el exministro Juan Santos Cruz, sentenciado a 10 años de prisión por ese caso.

En paralelo, el 25 de mayo de este año, un día antes de que se presentara la acusación formal, el fiscal Aldo Meza emitió la resolución de sobreseimiento por el delito de enriquecimiento ilícito. En ese memorial concluyó que no existían suficientes elementos probatorios para sostener ese cargo en un juicio oral.

La defensa también cuestionó la versión sobre la aprehensión y aseguró que no se trató de un mandamiento de aprehensión, sino de un mandamiento de detención preventiva emitido por el juez de sentencia. Zúñiga afirmó además que no fue cierto que agentes de inteligencia encubiertos hubieran ejecutado un operativo para capturar a Huarachi, y sostuvo que su cliente no intentó fugarse, sino que esperaba que se cumpliera el mandamiento de detención.

Hasta ahora, las únicas partes constituidas en el proceso son el Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía. La denunciante no intervino como acusadora particular, aunque figura como testigo dentro del juicio, junto con otras tres personas. Entre esos testigos están los exdiputados Freddy López Choque y Héctor Arce Rodríguez, este último quien hizo pública la denuncia sobre los pagos, además de Ciro Ferrari Etienne.