La Fiscalía de La Paz abrió una investigación penal contra Ana Teresa Morales Olivera, ex ministra de Desarrollo Productivo y ex directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.

La causa fue activada a denuncia del Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, de acuerdo con un documento oficial al que accedió EL DEBER. El informe de inicio de investigación fue remitido el 27 de octubre a un juez de instrucción anticorrupción de La Paz por la fiscal Lizeth Genara Carvajal Limachi. En el registro figura el código único 201102012607427 y se identifica a Morales como denunciada por hechos tipificados en los artículos 154, 228 ter y 302 del Código Penal.

La apertura del proceso se produjo en medio de los cuestionamientos del Gobierno a la actuación de la UIF en gestiones anteriores. El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que esa institución dejó sin respuesta 65 requerimientos enviados por su despacho y sostuvo que, en algunos expedientes, aparecen personas con poder político y económico.

“La UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones”, manifestó García. Según la autoridad, esa situación llevó a poner en duda un posible trato selectivo en la atención de las solicitudes y derivó en denuncias contra exautoridades de la entidad, entre ellas Morales, quien asumió la dirección de la UIF en marzo de 2018 y permaneció en el cargo hasta 2019, durante el último gobierno de Evo Morales.

García agregó que también existían denuncias sobre un presunto uso de la UIF con fines económicos o políticos.

La UIF es el organismo estatal encargado de analizar información financiera para detectar indicios de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Recibe reportes de operaciones sospechosas y elabora informes destinados a las autoridades competentes. Por la naturaleza de sus funciones, trabaja con datos sujetos a reserva.

En el documento judicial, los delitos mencionados corresponden a conductas distintas: supuestas omisiones de obligaciones funcionales, utilización irregular de información obtenida por razón del cargo y eventual divulgación no autorizada de secretos. Sin embargo, el informe no detalla qué hechos concretos se atribuyen a Morales en relación con cada uno de esos tipos penales.

No es la primera vez que la exautoridad enfrenta una investigación. En agosto de 2019, cuando estaba al frente de la UIF, la Fiscalía admitió una denuncia por la difusión de documentos sobre depósitos bancarios entre 2002 y 2003 de una empresa privada.

En ese proceso anterior se incluyeron los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos. Morales declaró entonces y negó haber vulnerado el secreto bancario; además, sostuvo que las actuaciones de la UIF estaban respaldadas por la normativa vigente.