La Defensoría del Pueblo registró 20.585 casos de presunta vulneración de derechos individuales y colectivos durante los primeros nueve meses de 2026, en un periodo en el que las denuncias más recurrentes estuvieron vinculadas con el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la petición y los derechos laborales.
Dentro de ese panorama, el incremento de denuncias por vulneración de derechos laborales llamó especialmente la atención de la institución. Así lo señaló el delegado defensorial de Oruro, Juan Arroyo, quien explicó que este tipo de casos tenía menor presencia en gestiones anteriores, pero que ahora aparece con mayor frecuencia entre las quejas recibidas.
Arroyo atribuyó este comportamiento a la crisis económica que atraviesa el país, una situación que, según dijo, está incidiendo en el cierre de emprendimientos y en la reducción de puestos de trabajo tanto en entidades públicas como en empresas privadas. En ese contexto, consideró que se vuelve necesaria la aplicación de políticas públicas económicas orientadas a proteger a los trabajadores y a preservar las fuentes laborales.
Del total de casos registrados por la Defensoría, el 64% fue atendido mediante investigaciones defensoriales, mecanismo utilizado en asuntos de mayor complejidad. Otro 23% recibió orientación ciudadana, principalmente en situaciones que no son competencia directa de la institución, pero que requieren derivación y coordinación con otras instancias. En tanto, el 11% fue atendido mediante gestiones defensoriales, dirigidas a intervenciones urgentes cuando existe riesgo para la vida o la integridad de las personas.
El informe correspondiente a los tres primeros trimestres fue presentado por el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Francisco Callisaya. Además de dar cuenta del trabajo institucional, el reporte busca impulsar medidas correctivas en las entidades señaladas por vulneraciones de derechos.
La Defensoría también realiza seguimiento a las determinaciones defensoriales a través de comités y otros espacios de coordinación, con el objetivo de verificar su cumplimiento y evitar la repetición de vulneraciones. Entre los temas que continúan bajo seguimiento figura la propuesta de una ley de jubileo para personas privadas de libertad adultas mayores, sobre la cual la institución realiza gestiones ante la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la espera de resultados en los próximos días.
