La Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) emitió 20 resoluciones de autorización para la explotación minera en la zona alta de Tarija sin conocimiento ni consulta a las comunidades afectadas, según denunció el presidente de la brigada parlamentaria, Gabriel Corvera, quien anunció que el caso será fiscalizado.
Corvera explicó que existen más de 20 autorizaciones otorgadas desde 2020, de las que, aseguró, los comunarios de San Juan del Oro, Tomayapo y otros distritos y cantones del departamento no tenían conocimiento. Añadió que la situación fue revelada a partir de la revisión de antecedentes sobre la actividad minera en esa región, donde también se habrían habilitado operaciones desde 2016.
El legislador señaló que, hasta ahora, se pensaba que en la zona se desarrollaba minería ilegal, pero que los documentos obtenidos muestran que varias actividades cuentan con autorizaciones vigentes. En ese marco, anunció que este viernes se presentará un informe oficial sobre el asunto y que se hará seguimiento a los datos recabados para definir las medidas correspondientes.
Entre los aspectos que se solicitarán figuran el plan de operación, el plan de explotación, la licencia ambiental y el plan de mitigación del impacto ambiental, además de verificar que no exista afectación a los recursos hídricos que desembocan en el río Pilcomayo. Corvera remarcó que la intención no es oponerse al desarrollo ni a la explotación de recursos, sino resguardar la salud de la población ante una posible contaminación.
Los comunarios, según se expuso, afirmaron que nunca fueron consultados ni informados previamente sobre estas actividades. Corvera sostuvo que, al menos, debieron ser avisados para evitar incertidumbre y para que se verifique el cumplimiento de la normativa antes de cualquier intervención.
En paralelo, los concejales de San Lorenzo, El Puente y Yunchará conformaron una Comisión de Defensa del Medio Ambiente, de la vida y el agua, ante la actividad minera observada en esos tres municipios, informó el concejal Abat Nego Vidaurre. La preocupación principal, dijo, es que la minería degrade los suelos y contamine las aguas subterráneas, con un impacto ambiental mayor si no se aplican medidas de mitigación adecuadas.
Vidaurre también indicó que los concejales presentaron un proyecto de ley departamental ante la Asamblea, elaborado por los Concejos Municipales, con el objetivo de reforzar la defensa del medio ambiente. La propuesta busca preservar los recursos naturales y facultar al gobierno departamental para realizar supervisión, fiscalización y seguimiento mediante un monitoreo adecuado que permita evitar daños ambientales. Temen, además, que la actividad minera termine afectando la producción agrícola y pecuaria de la zona.
