Los municipios rurales de Tarija comenzaron a declarar emergencia ante el impacto que les provoca el nuevo precio del diésel, luego de que el Gobierno nacional retirara la subvención mediante decreto el fin de semana. Las autoridades municipales advierten que el incremento vuelve inaccesible el carburante y desarma por completo los presupuestos que habían sido calculados con el precio anterior.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Padcaya, Gilmar Miranda, quien señaló que la situación es grave y que el nuevo costo del combustible vuelve imposible sostener la planificación financiera del municipio. Según explicó, el alza desestructura totalmente cualquier presupuesto elaborado bajo las condiciones previas.
En la misma línea, el alcalde de Yunchará, Pascual Díaz Condori, afirmó que la medida afecta de manera directa a su municipio. Recordó que su gestión abastece de agua a comunidades cercanas al río San Juan del Oro, una tarea que ahora no podrá continuar pese a su importancia. También advirtió que ya no podrá prestar servicio a productores y ganaderos que dependen de maquinaria agrícola.
“No voy a poder prestar ese servicio lamentablemente con esta suba”, expresó la autoridad, al señalar que de su presupuesto solo le queda medio millón de bolivianos, monto que ahora resulta insuficiente frente al nuevo escenario.
Díaz sostuvo que la población espera que el decreto sea anulado por el bien del país, ya que sus efectos no se limitan a los municipios, sino que también alcanzan a los productores, quienes ya enfrentan precios elevados en los insumos agrícolas. En su criterio, la crisis terminará golpeando a todos, porque si los productores continúan sembrando, los costos de traslado a los mercados se elevarán y finalmente serán los consumidores quienes paguen ese incremento.
“Nuestra gente de Yunchará clama que ese decreto tiene que anularse”, insistió, al remarcar que el Gobierno debe entender que los municipios no podrán seguir cumpliendo tareas básicas como el mantenimiento de caminos, el abastecimiento de agua o la movilización de maquinaria.
La autoridad confirmó que el municipio se declaró en estado de emergencia y dijo esperar que el Gobierno “se ponga la mano al pecho” y retroceda en su decisión de levantar la subvención. Admitió además que el presupuesto actual no alcanzará hasta fin de año, porque fue elaborado inicialmente con un precio del diésel de 3,87 bolivianos por litro, luego subió a 9,80 y ahora llega a 17,80 bolivianos.
“En este momento ya no tenemos presupuesto, con el decreto dejaré de atender las necesidades de la población”, agregó Díaz, visiblemente afectado por el nuevo precio del diésel y por la responsabilidad de responder a las demandas de su municipio.
