La ampliación del estado de excepción aprobada por la Asamblea Legislativa no solo prolonga por 90 días la vigencia de esta medida extraordinaria en Bolivia, sino que además empuja hacia adelante el debate sobre la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Con la restricción que impone la propia norma constitucional, el inicio formal del tratamiento de esos cambios queda postergado hasta la gestión 2027, mientras que el referéndum para consultar a la población sobre esas modificaciones recién podría realizarse en el segundo semestre de 2028.
El presidente del Senado, Diego Ávila, calculó que el calendario legislativo y constitucional se movería en esos márgenes. “Los tiempos que estamos previendo para esto es que más o menos hasta fin del año 2027 tendríamos el tiempo para hacer todo el proceso de reforma constitucional, y tener el referéndum entre septiembre y octubre del próximo año (2028)”, señaló.
La decisión de ampliar el estado de excepción fue tomada la madrugada del jueves 17 de septiembre, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga con 100 votos, cifra que representó mayoría absoluta. La medida extiende su vigencia desde el 19 de septiembre hasta el 17 de diciembre, en respuesta al decreto presidencial 5707 presentado por el Ejecutivo.
Desde el Gobierno, el principal argumento para sostener la ampliación fue evitar que se concreten las amenazas de grupos radicales de provocar convulsión social mediante bloqueos y protestas violentas. En ese contexto, la discusión sobre la reforma constitucional quedó relegada a un plano secundario durante el debate legislativo. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo en la sesión que el país todavía necesita estabilidad para avanzar en otros objetivos. “Nosotros todavía tenemos algunas metas que cumplir para levantar el país desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las medidas económicas. Necesitamos que el estado de excepción nos dé un estado de tranquilidad”, afirmó.
La razón por la que esta medida frena el trámite de una reforma constitucional está en la propia CPE. El tercer párrafo del artículo 140 establece de forma expresa que “la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”. Esa disposición convierte a la ampliación aprobada por el Legislativo en un factor que congela cualquier avance formal sobre los proyectos de reforma parcial presentados hasta ahora.
En la Asamblea ya se acumulan al menos seis iniciativas en esa línea. Entre ellas figuran el proyecto de ley en materia de Justicia presentado por el diputado Juan Del Granado, de Unidad; el proyecto de reforma parcial a la CPE impulsado por el diputado Carlos Alarcón, también de Unidad; la propuesta de reforma constitucional “Para salvar Bolivia”, de la bancada de Libre; además de proyectos orientados al fortalecimiento de las autonomías, la descentralización de competencias y el refuerzo del régimen autonómico.
La ampliación del estado de excepción fue celebrada por el oficialismo y sus aliados como una medida necesaria para preservar la tranquilidad social, pero recibió fuertes críticas desde la oposición. Desde Libre, sus asambleístas advirtieron que la postergación de la reforma constitucional tendrá consecuencias serias para el país, especialmente en un escenario de crisis energética y falta de condiciones para atraer inversiones.
El senador José Manuel Ormachea lanzó una advertencia dura al defender esa postura. “Prepárese Bolivia para, probablemente que haya apagones de luz, que cocinemos a leña, que empecemos a contrabandear gas de otros países. Si se posterga la reforma constitucional, las consecuencias pueden llegar a ser fatales”, dijo.
En la misma línea, el diputado Carlos Alarcón consideró que el principal efecto de la ampliación es dejar para más adelante cualquier discusión de fondo sobre la Constitución y, con ello, retrasar también las condiciones para impulsar inversiones, sobre todo en el ámbito energético. “Estamos a la vuelta de la esquina de un colapso energético. Ya lo han dicho varios especialistas: se están acabando las reservas de gas, si no encontramos nuevos reservorios. Toda la matriz energética de nuestro país se rige en base al gas”, afirmó.
Para el diputado Ricardo Bustamante, también de Libre, la aprobación de la prórroga respondió al temor del Gobierno frente a la presión social. A su juicio, la medida no resuelve los problemas de fondo. “El Gobierno logró la ampliación del estado de excepción por temor y la presión de la población, de los sindicatos, la Central Obrera, o las personas que están deseosas de tumbar al Gobierno. No se está dando soluciones al país”,
