Fernando Cerimedo enfrentará este viernes 4 de septiembre una audiencia judicial virtual, fijada para las 11:00, en el marco de la investigación que pesa en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La cita será decisiva para definir su situación procesal, mientras permanece recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y aún está pendiente la resolución sobre un eventual traslado a Chonchocoro, considerado un recinto de máxima seguridad.
La defensa del asesor político argentino ha desplegado una serie de recursos con el objetivo de impedir que sea enviado a ese centro penitenciario. La abogada Adriana Pedraza explicó que esperan que en la audiencia de este viernes se resuelva ese punto y cuestionó el pedido formulado por el Ministerio Público, al considerar que no estaría suficientemente fundamentado. Según su versión, además de las observaciones al requerimiento fiscal, existen reparos vinculados al debido proceso y a la legalidad de la medida solicitada.
En ese contexto, Pedraza elevó también sus críticas al denunciar una supuesta injerencia política en el desarrollo del caso. La jurista afirmó que determinados actores habrían ejercido presión sobre los administradores de justicia y puso en duda que algunas personas hubieran conocido decisiones relacionadas con una acción de libertad antes incluso de que la defensa tuviera acceso a esa información. “Aquí hay injerencia política y ya no estamos hablando de un caso meramente jurídico, sino que estamos hablando de un caso político”, sostuvo.
La defensa, además, rechazó las versiones que cuestionaron la rapidez con la que fue tramitada la acción de libertad presentada a favor de Cerimedo. Desde esa parte se argumentó que este tipo de recursos debe resolverse con celeridad, por lo que descartaron que exista irregularidad en el procedimiento.
A la tensión judicial se sumó una requisa realizada en la celda de Cerimedo en Palmasola, luego de que circularan versiones sobre la presunta existencia de un teléfono celular en su poder. La defensa confirmó que se efectuó el control y aseguró que no se encontró ningún dispositivo móvil. Pedraza sostuvo que la intervención se habría activado a partir de comentarios difundidos en redes sociales y cuestionó la forma en que se pusieron en marcha las actuaciones policiales y fiscales.
En medio de ese escenario, la defensa insiste en que el proceso debe desarrollarse con objetividad, imparcialidad e igualdad procesal entre las partes. También considera relevante un nuevo video difundido por Juancho, señalado como presunto sicario vinculado al ataque contra Nadia Beller, expareja de Cerimedo. En la grabación, el hombre expresa su intención de entregarse, menciona a otras dos personas que supuestamente se encontrarían en Lauca Ñ y pide garantías para presentarse ante las autoridades.
Ante la difusión de ese material, la defensa solicitó que se realice una pericia para verificar su autenticidad. Pedraza afirmó que el contenido tendría relevancia porque, según dijo, coincidiría con la versión que su defendido habría brindado dentro del proceso. Al mismo tiempo, cuestionó que hasta ahora no se hayan activado, de acuerdo con su postura, mecanismos como rastrillajes o acciones orientadas a establecer el paradero de Juancho y de las personas mencionadas en el video.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la audiencia virtual de este viernes se perfila como un momento clave para el caso. Mientras la investigación avanza por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, la defensa mantiene sus observaciones sobre el pedido de traslado a Chonchocoro y sobre distintas actuaciones realizadas durante el proceso. Además, anunció que prepara acciones para solicitar una investigación internacional que permita esclarecer las presuntas irregularidades que denuncia.
