La Justicia boliviana dictó una sentencia de 22 años y seis meses de privación de libertad contra Juan Pari Mamani, principal acusado en el caso del desfalco al Banco Unión, por un monto que alcanzó los 37,6 millones de bolivianos. La resolución fue confirmada este martes 1 de septiembre por el fiscal Walter Lora, una vez concluida la audiencia del juicio oral en el que también fueron procesadas otras 16 personas.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, Pari deberá cumplir la condena en el penal de Chonchocoro. En el momento en que se conoció el fallo, el exfuncionario se encontraba con detención preventiva en el penal de El Abra, en Cochabamba, y siguió la audiencia de manera virtual.
El fiscal Lora explicó que, dentro del proceso, 17 personas fueron acusadas por el Ministerio Público y por las acusaciones particulares. Tras la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio, cinco recibieron condena y las otras doce fueron absueltas. El representante fiscal no precisó en sus declaraciones la identidad ni las penas impuestas a los otros cuatro sentenciados.
La causa se relaciona con hechos ocurridos entre 2016 y 2017, cuando Pari trabajaba como jefe de operaciones en las agencias Batallas y Achacachi del Banco Unión. Según la investigación, habría accedido al sistema sin autorización y simulado transferencias hacia un cajero automático inexistente, mecanismo mediante el cual se habría concretado el desfalco.
El proceso también incluyó delitos de enriquecimiento ilícito y delitos económicos y financieros, tomando en cuenta su condición de exservidor público de la entidad bancaria estatal. Las investigaciones señalaron además que Pari habría intentado lavar el dinero mediante la compra de inmuebles en distintas zonas y vehículos de lujo, además de financiar viajes, incluido el alquiler de aviones privados. También se estableció la existencia de varios negocios, entre ellos renta de autos, construcción, curtiduría, discoteca y canal de televisión.
Tras conocerse la sentencia, Lora indicó que el Ministerio Público analizará la resolución y recurrirá a los mecanismos que la ley establece respecto de las determinaciones que considere necesarias cuestionar. Añadió que, en un juicio oral, corresponde al tribunal definir, con base en las pruebas presentadas, si existen elementos suficientes para establecer responsabilidad penal.
En cuanto a la recuperación de los recursos afectados, el fiscal señaló que ese aspecto deberá ser explicado por representantes del Banco Unión, debido a que ya existen trámites realizados previamente. También recordó que todavía resta la ejecución de la sentencia.
Con esta decisión judicial, el caso del desfalco al Banco Unión entra en una nueva etapa, marcada por una condena que vuelve a poner en evidencia las fallas de seguridad en el sistema financiero estatal.
