Las autoridades bolivianas han intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, como lo demuestra el reciente decomiso de más de 58 kilos de cocaína y más de 559 kilos de marihuana en diversas operaciones realizadas en las últimas horas. Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, confirmó estos datos a través de sus redes sociales, subrayando que un total superior a los 600 kilos de droga ha sido retirado del mercado.

Una de las intervenciones más significativas tuvo lugar el viernes en la región andina de Potosí, cercana a la frontera con Chile. En esta operación, las fuerzas antinarcóticos hallaron un vehículo abandonado que contenía una cantidad importante de droga oculta en un compartimiento diseñado específicamente para tal fin. Este hallazgo resalta las sofisticadas tácticas utilizadas por los narcotraficantes para evadir la detección.

En otro operativo realizado en Locotal, una localidad del Trópico de Cochabamba, se detectó un camión que transportaba ladrillos de construcción. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo se encontró que debajo de la carga había una cantidad considerable de marihuana cuidadosamente camuflada. Este tipo de ocultamiento pone de manifiesto la creatividad y astucia que emplean los traficantes para burlar los controles.

Además, se llevaron a cabo operaciones en el departamento de Santa Cruz y en otras regiones del país. Estas incluyeron allanamientos y controles exhaustivos, así como casos donde se detectó el transporte de droga dentro del cuerpo mediante cápsulas. Justiniano destacó que estas acciones no son eventos aislados; más bien, forman parte de un patrón sistemático que incluye ocultamiento, transporte y distribución.

El viceministro aseguró que el Estado está comprometido a responder con firmeza ante este desafío creciente. En este contexto, es relevante mencionar que durante esta semana la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó su preocupación por la escalada de violencia asociada al narcotráfico y el surgimiento de carteles organizados en Bolivia. Esta situación ha generado alarma entre diferentes sectores sociales y políticos del país, quienes demandan medidas más efectivas para combatir este flagelo que afecta no solo a la seguridad pública, sino también al tejido social boliviano.