El Consejo de la Magistratura ha anunciado su intención de solicitar al Gobierno central la creación de doscientos nuevos cargos judiciales. Esta medida, revelada en el marco de las Jornadas Nacionales para la Evaluación de Desempeño a Jueces de Bolivia, que se iniciaron el miércoles en Santa Cruz, busca aliviar la congestión del sistema de justicia, optimizar su funcionamiento y permitir una mayor especialización de los magistrados en áreas específicas del derecho.
La institución argumenta que la actual configuración, donde un solo juez en las provincias puede abarcar hasta cinco materias distintas —incluyendo civil, penal, niñez y adolescencia, familia, e incluso anticorrupción—, compromete la calidad de las sentencias y afecta directamente a la ciudadanía. Se considera inviable que un juzgador posea un dominio exhaustivo en tantas especialidades, lo que a menudo impide alcanzar resoluciones justas, idóneas y transparentes. Por ello, la incorporación de aproximadamente doscientos jueces adicionales se presenta como una necesidad imperante.
Esta petición se alinea con el Plan Operativo Anual del Consejo, que ha identificado una clara deficiencia en el número de administradores de justicia frente a la creciente demanda judicial. Actualmente, el país cuenta con 1.203 jueces en funciones, una cifra considerada insuficiente para la carga procesal que enfrentan.
La sobrecarga del sistema judicial boliviano y el consecuente retraso procesal han sido objeto de preocupación a nivel internacional. Un informe de Naciones Unidas de febrero de 2022, elaborado por el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, reveló que en 2020 cada juez gestionaba un promedio de 530 expedientes. El informe detalló que la administración de justicia ordinaria padece un considerable rezago, atribuido a códigos procesales excesivamente formalistas, modelos de gestión obsoletos, formación deficiente y corrupción, con el Tribunal Supremo de Justicia reportando una retardación del 57%.
Las Jornadas Nacionales para la Evaluación de Desempeño a Jueces, organizadas por el Consejo de la Magistratura y respaldadas por las más altas autoridades judiciales, fiscales y representantes de instituciones vinculadas al sistema de justicia, son el escenario donde se ha planteado esta crucial solicitud. El propósito de este encuentro es establecer un mecanismo de evaluación para los jueces, conforme a la legislación vigente, que permita identificar a aquellos que cumplen con los objetivos institucionales y a quienes no reúnen las condiciones necesarias para continuar en sus cargos.
Desde la presidencia del Consejo de la Magistratura, se ha enfatizado que esta iniciativa no responde a intereses particulares, sino a un mandato legal y constitucional. El objetivo es alcanzar un consenso sobre un reglamento de evaluación que respete los derechos y garantías de los jueces, al tiempo que satisfaga las expectativas de la sociedad civil, ofreciendo un indicio de transformación en el Órgano Judicial.
Asimismo, la presidencia del Tribunal Agroambiental ha destacado la naturaleza estructural de este evento, cuyo fin primordial es identificar fortalezas y debilidades para implementar planes de capacitación y desarrollo que fortalezcan las capacidades de los impartidores de justicia. La implementación de un sistema de evaluación robusto y transparente se considera esencial para reconocer el mérito y asegurar que la ciudadanía reciba la justicia que merece. Las conclusiones de estas deliberaciones se anticipan para el próximo viernes 19 de septiembre.
En este contexto, la experiencia del Ministerio Público en la evaluación de fiscales y en el desarrollo de la Carrera Fiscal ha sido señalada como un referente valioso para el Órgano Judicial. La presidencia del Consejo de la Magistratura ha subrayado la importancia de aprovechar las buenas prácticas de la Fiscalía, especialmente en la aplicación de tecnologías de gestión, solicitando su colaboración. El Fiscal General, por su parte, ha expresado la plena disposición de su institución a contribuir al proceso, ofreciendo el apoyo de la Escuela de Fiscales y la Dirección de Régimen Disciplinario para compartir conocimientos y aportar criterios que favorezcan una evaluación judicial de excelencia
