El Consejo de la Magistratura avanza en las investigaciones sobre presuntas irregularidades detectadas en Derechos Reales y en la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del municipio de Tarija. El 25 de junio se llevó a cabo una audiencia crucial para la recepción de pruebas, donde se requirió la comparecencia de personas convocadas y la declaración de testigos con el fin de recabar toda la información y documentación necesaria.
Paralelamente, el órgano judicial ha iniciado un proceso disciplinario contra funcionarios de Derechos Reales a raíz de las denuncias recibidas. La documentación que impulsó estas indagaciones fue entregada en abril a los magistrados del Consejo de la Magistratura por una representante de la Brigada Parlamentaria de Tarija. Dicha documentación incluía pruebas de las denuncias realizadas, con el objetivo de que los magistrados abordaran el tema en sesión y definieran las acciones a seguir.
Los expedientes detallan una serie de presuntas anomalías, abarcando desde la falsificación de documentos y trámites irregulares de derecho propietario hasta demoliciones indebidas y situaciones conflictivas en la zona de Pampa Galeana. Entre las acusaciones se incluyen denuncias ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), señalamientos contra funcionarios de Derechos Reales presentados ante el Ministerio de Justicia, y casos de presunto tráfico de tierras, entre otras irregularidades reportadas por las personas afectadas. La situación actual ha evocado comparaciones con la intervención de Derechos Reales en Santa Cruz, generando expectativas sobre posibles medidas similares en Tarija ante la recurrencia de denuncias.
Adicionalmente, una denuncia que ha sido presentada formalmente ante el Ministerio Público y admitida a trámite, apunta a un presunto consorcio operativo en Derechos Reales y la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT). Se describe este consorcio como una red que supuestamente opera en ambas instituciones, involucrando tanto a funcionarios como a personas externas. Aunque se han identificado varios nombres de presuntos implicados, estos no han sido divulgados públicamente debido a la etapa de investigación en curso.
Las acusaciones señalan al director de Derechos Reales y sugieren la complicidad de un amplio grupo, incluyendo a otros funcionarios y personas ajenas a la administración. La denuncia inicial ante la Fiscalía fue interpuesta por una plataforma de comunicación. Una representante legislativa, al tomar conocimiento de estos hechos, ha manifestado su intención de solicitar información y documentación probatoria para un seguimiento exhaustivo del caso.
Se alega que este presunto consorcio estaría involucrado en cobros irregulares, implicando a supuestos operadores y contadores de la Alcaldía, funcionarios de Derechos Reales, así como a loteadores, contadores y tramitadores externos. Es importante destacar que se trata de supuestos hechos, ya que la investigación fiscal se encuentra en curso. La Brigada Parlamentaria de Tarija ha expresado su intención de sumarse activamente a las denuncias, aportando todas las pruebas que logren recabar
