El exfuncionario boliviano, quien ocupó un rol prominente durante la administración de transición, se encuentra explorando la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos como su principal estrategia para evitar un eventual retorno a su país natal. En Bolivia, enfrenta un total de ocho procesos judiciales pendientes.

Actualmente detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses, el exministro busca agotar todas las vías legales disponibles en la nación norteamericana para permanecer en su territorio. La solicitud de asilo político se presenta como la alternativa más viable para obstaculizar su deportación a Bolivia. Una fuente cercana al caso, que prefirió mantener el anonimato, afirmó que el exfuncionario no desea convertirse en un “trofeo político” para el partido gobernante en Bolivia.

El estatus de Murillo es “In ICE custody”, lo que indica que se encuentra bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto significa que está alojado en un centro de detención del ICE o bajo su vigilancia directa. Se ha informado que se encuentra en el centro Krome North SPC en Miami, Florida, debido a infracciones a las leyes estadounidenses, lo que podría derivar en su deportación.

Las normativas de inmigración de Estados Unidos estipulan que un detenido puede permanecer bajo custodia del ICE por un período máximo de noventa días después de que se emita una orden de salida definitiva. Si la deportación no se ejecuta dentro de este plazo, la persona podría ser liberada bajo supervisión.

Según un abogado y activista de derechos humanos, Murillo, tras cumplir una condena por conspiración para lavar dinero procedente de sobornos, se encuentra ahora en un centro de detención migratoria, desde donde puede iniciar el proceso de solicitud de asilo. El letrado describió la situación como un espacio donde se espera la resolución sobre la deportación, sin estar en libertad ni en prisión convencional.

El abogado, quien supervisa prácticas de derechos humanos en una red universitaria, señaló que es probable que Murillo intente permanecer en Estados Unidos mediante una solicitud de asilo, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. El experto añadió que, dada la existencia de múltiples procesos en Bolivia relacionados con corrupción, lavado de dinero y hechos de violencia ocurridos en 2019 y 2020, la solicitud de asilo podría prolongar el proceso por varios meses o incluso un año. Sin embargo, advirtió que la concesión del asilo se torna más complicada al haber cometido delitos en territorio estadounidense.

Por su parte, el procurador general del Estado boliviano manifestó que las autoridades de su país aguardan la deportación del exministro. En caso de que el gobierno estadounidense no proceda con la expulsión, se está tramitando paralelamente la solicitud de extradición. El procurador explicó que Murillo está bajo custodia migratoria y que un juez evaluará su situación legal. Si no existen impedimentos o recursos legales que lo eviten, podría enfrentar una “deportación exprés”. No obstante, reconoció la posibilidad de que el juez acepte las objeciones presentadas por Murillo, lo que podría llevarlo a solicitar asilo o ser deportado a un tercer país, suspendiendo así su retorno a Bolivia hasta que se resuelva su situación.

El exministro de Gobierno fue detenido en Estados Unidos en mayo de 2021 y posteriormente condenado por conspiración para lavar dinero y sobornos. Estos delitos se relacionan con la compra inflada de material antidisturbios durante la gestión presidencial interina. Junto a él, fueron detenidas otras personas involucradas en el caso. En junio del mismo año, se especuló que el exministro había alcanzado un acuerdo con la fiscalía estadounidense, pasando de detenido preventivo a “testigo protegido”, y recuperando temporalmente su libertad tras el pago de una fianza. Finalmente, en enero de 2023, Murillo fue sentenciado a setenta meses de prisión tras declararse culpable de todos los cargos