Luciana Campero acusa a magistrados de presionar para garantizar permanencia ilegal en el cargo y permitir candidatura de Evo Morales.
La diputada Luciana Campero ha sacudido el escenario político boliviano al realizar una denuncia pública en la que acusa a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de chantaje y extorsión hacia la Asamblea Legislativa. Según Campero, estos magistrados estarían presionando a la legislatura para promulgar una ley que garantice ilegalmente su permanencia en el cargo, bajo la amenaza de permitir la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones generales.
La diputada Luciana Campero ha sacudido el escenario político al realizar una denuncia pública en la que acusa a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de chantaje y extorsión hacia la Asamblea Legislativa. Según Campero, estos magistrados estarían presionando a la legislatura para promulgar una ley que garantice ilegalmente su permanencia en el cargo, bajo la amenaza de permitir la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones generales.
La diputada ha calificado a estos magistrados como «autoprorrogados» y ha señalado la estrecha relación política que mantienen con el Movimiento Al Socialismo (MAS). En sus declaraciones, Campero no dudó en afirmar que dicha presión se debe a que el oficialismo teme una derrota de su candidato actual, Luis Arce, y estaría buscando asegurar la candidatura de Evo Morales como una estrategia desesperada.
Campero enfatizó que la supuesta maniobra de los magistrados es contraria a la normativa vigente y reiteró la necesidad de mantener inhabilitado de por vida a Evo Morales, basándose en acusaciones de fraude en las elecciones de 2019 y órdenes de aprehensión en su contra por diferentes delitos.
La diputada advirtió que los magistrados podrían enfrentar consecuencias legales por sus acciones, afirmando que eventualmente podrían terminar en la cárcel por haber transgredido la normativa constitucional de manera flagrante. Concluyó sus declaraciones asegurando que esta serie de acciones ilegales no quedarán impunes y que se buscará justicia en este caso.
La denuncia de Campero pone de manifiesto la complejidad y la intensidad de la lucha política en Bolivia, donde las acusaciones de chantaje y extorsión entre poderes del Estado generan una profunda preocupación en la sociedad. La situación planteada por la diputada plantea interrogantes sobre la independencia y la transparencia del sistema judicial en el país, así como sobre las posibles implicaciones que estas acusaciones puedan tener en el desarrollo de los procesos electorales y en la estabilidad institucional a largo plazo.
La denuncia de Campero pone de manifiesto la complejidad y la intensidad de la lucha política en Bolivia, generando preocupación sobre la independencia y transparencia del sistema judicial, así como sobre las posibles implicaciones en los procesos electorales y la estabilidad institucional a largo plazo.
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