El Comité Cívico de Tarija ha anunciado la realización de una movilización para la tarde del jueves, en una convocatoria que surge como respuesta a la situación política y electoral que atraviesa la región. Esta iniciativa fue definida en una asamblea integrada por diversas instituciones locales, cuyo objetivo principal es manifestar un firme respaldo a la libertad, la democracia y el respeto al voto libre de los ciudadanos tarijeños. La convocatoria enfatiza que esta movilización no está orientada a apoyar a ningún candidato en particular dentro del proceso electoral subnacional, sino que se centra en exigir condiciones legales y adecuadas para el desarrollo de las elecciones.

Jesús Gira Martínez, presidente del Comité Cívico de Tarija, fue el encargado de comunicar oficialmente el Manifiesto aprobado durante esta asamblea, documento que fue divulgado públicamente el miércoles previo a la marcha. En él se destaca la preocupación colectiva por las recientes demandas de inhabilitación presentadas contra ciertos candidatos, así como por las demoras evidentes en la emisión de resoluciones por parte del Órgano Electoral. Ante estas situaciones, las instituciones convocantes decidieron promover una marcha cívica como expresión de defensa hacia los principios democráticos y los derechos electorales.

El Manifiesto subraya con claridad que la movilización no pretende beneficiar ni respaldar a ningún aspirante específico en el próximo proceso electoral subnacional programado para el 22 de marzo. Más allá de eso, se plantea un compromiso sostenido con la vigilancia del respeto al sistema democrático y a la libertad ciudadana, valores que según los organizadores han sido vulnerados durante los últimos veinte años bajo el régimen del Movimiento Al Socialismo. Por ello, se exige al gobierno actual y a la Asamblea Legislativa Plurinacional una pronta restitución del estado de derecho en todos los ámbitos.

En este sentido, uno de los puntos centrales planteados por el Comité Cívico es la necesidad imperiosa de garantizar la independencia entre poderes del Estado, tal como lo establece la Constitución y las leyes vigentes. La defensa de esta independencia se vuelve crucial para asegurar que las instituciones responsables del proceso electoral actúen con autonomía e imparcialidad. Se insiste en que todos los órganos estatales deben erigirse como garantes efectivos del derecho político fundamental que tienen los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades locales.

Un aspecto clave dentro de estas demandas es el llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evitar cualquier tipo de condicionamiento o parcialización durante el proceso electoral. Además, se solicita un respeto irrestricto hacia las decisiones autónomas tomadas por el Tribunal Electoral Departamental (TED) y otras autoridades encargadas de administrar las elecciones subnacionales. Estas exigencias buscan fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso electoral, elementos considerados esenciales para preservar la confianza ciudadana.

Por otro lado, dentro del ámbito institucional también surgieron posturas más contundentes durante la asamblea. Walter Mogro Vargas, expresidente del Comité Cívico, reveló que algunos asistentes propusieron declarar “personas no gratas” a cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral debido a su gestión durante este periodo electoral. No obstante, esta medida no fue incluida finalmente en el Manifiesto oficial difundido por el Comité Cívico. Al ser consultado sobre esta discrepancia entre lo debatido y lo plasmado en el documento final, Mogro Vargas explicó que esta situación responde a decisiones tomadas por quienes redactaron el texto final.

Este proceso refleja una dinámica interna donde distintas voces e intereses buscan canalizar sus inquietudes y reclamos dentro de un marco institucional respetuoso pero firme. La movilización prevista para este jueves se inscribe entonces en un contexto más amplio donde múltiples actores sociales e institucionales demandan transparencia y legalidad en el sistema electoral local. Para la población tarijeña implica una oportunidad para expresar su preocupación colectiva frente a posibles irregularidades o retrasos administrativos que podrían afectar su derecho fundamental al voto libre y justo.

En definitiva, esta movilización cívica representa un llamado claro hacia todas las autoridades competentes para actuar con responsabilidad y garantizar condiciones óptimas para las elecciones subnacionales próximas. Asimismo, evidencia un compromiso activo por parte de sectores organizados en Tarija con la defensa inquebrantable de los principios democráticos fundamentales y con la consolidación del estado de derecho como base indispensable para cualquier proceso político legítimo. La atención puesta sobre estos temas resulta crucial para fortalecer tanto la confianza ciudadana como la estabilidad política regional en momentos decisivos como estos