El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, fue notificado por el Ministerio Público para prestar declaración el miércoles 18 de noviembre a las 09:00, dentro de una investigación abierta por el presunto delito de incumplimiento de deberes a raíz de la sequía que afectó a municipios del Cono Sur.

La citación surge después de la denuncia presentada por el asambleísta departamental Joel Flores, quien sostiene que habría existido demora administrativa en la atención a las familias y a las comunidades golpeadas por la escasez de agua. Según la versión expuesta por el denunciante, la respuesta institucional no habría llegado con la oportunidad necesaria para reducir los daños provocados por el fenómeno climático.

La notificación fue entregada el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por Correo del Sur. A partir de ese acto, quedó fijada la comparecencia del gobernador ante el fiscal Eddy Ordóñez, en el marco de la causa impulsada por la denuncia legislativa.

Frente a los señalamientos, Loza rechazó que haya existido una omisión en la atención de la emergencia y aseguró que la acción en su contra responde a una intencionalidad política. En declaraciones recogidas por Los Tiempos, sostuvo que el proceso busca interrumpir su mandato constitucional.

El gobernador también afirmó que la Gobernación de Cochabamba ejecutó medidas de apoyo en los municipios afectados por la sequía. Entre las acciones mencionadas figuran la entrega de agua potable, tanques de almacenamiento, politubos y forraje, insumos destinados a mitigar los efectos de la falta de agua y a respaldar a la actividad ganadera de la zona.

Loza confirmó además que acudirá a la convocatoria fiscal para presentar sus descargos. En ese contexto, defendió que las compras y la distribución de suministros se realizaron conforme a los procedimientos institucionales y cuestionó el alcance de la denuncia, al plantear que también deberían revisarse otras obras de gestiones anteriores que, según dijo, no están en funcionamiento.