Con tres días de retraso, sin la presencia del presidente Rodrigo Paz, con una sesión inaugural breve y en medio de un recurso de nulidad presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Asamblea Legislativa dejó instalada ayer la Legislatura 2026-2027. La apertura se produjo en un ambiente marcado por observaciones y tensiones internas, pese a que varios asambleístas coinciden en que este periodo debería estar orientado a impulsar reformas urgentes a las leyes fundamentales.
Sin embargo, en el arranque de la gestión parlamentaria persiste una ausencia que los propios legisladores reconocen: la falta de una agenda de trabajo definida y coordinada con el Ejecutivo. Aunque en el discurso se insiste en la necesidad de cambios estructurales, no se ha establecido todavía una ruta legislativa concreta que permita ordenar prioridades y definir qué normas serán tratadas primero. Para politólogos consultados, ese debería ser el punto de partida indispensable.
La sesión fue calificada por un legislador, que pidió reserva de su nombre, como una ceremonia “deslucida”, sin el informe de gestión que debía presentar el presidente Rodrigo Paz y reducida, en los hechos, a un acto de formalidad. La observación fue expresada tras la inauguración encabezada por el presidente de la Asamblea, Edmand Lara.
Durante su intervención, Lara pidió a senadores y diputados actuar con unidad y dejar de lado los intereses políticos. Sostuvo que ha transcurrido un año sin avances relevantes y que es momento de demostrar vocación de servicio mediante consensos. “Ha pasado un año y no se ha hecho nada importante. Es tiempo de mostrar que tenemos vocación de servicio y eso es con consensos y unidad”, afirmó.
El inicio de la Legislatura 2026-2027 quedó además atravesado por una serie de hechos que reflejan las tensiones acumuladas en el Parlamento. La sesión inaugural debía realizarse el 8 de noviembre, pero fue postergada. A ello se sumó la ausencia del presidente Paz, que no expuso su informe de gestión debido a un viaje. También está el desconocimiento de Lara sobre la sesión de clausura presidida por Diego Ávila, que considera inválida y por la cual pidió al TCP que sea declarada nula por supuesta usurpación de funciones. En paralelo, la elección de la nueva directiva de Diputados estuvo rodeada de denuncias por irregularidades, mientras que en el Senado también surgieron cuestionamientos por exclusiones en la conformación de las comisiones.
En el Legislativo, cada cámara y cada bancada menciona por su lado los asuntos pendientes: la elección del nuevo fiscal general del Estado, la aprobación del Presupuesto General del Estado 2027 y el inicio del tratamiento de las leyes fundamentales. Pero, pese a esa lista de temas, no existe aún una ruta crítica consensuada ni una agenda concertada con el Ejecutivo, de donde provienen los proyectos vinculados a esas normas y al nuevo PGE.
En ese contexto, el rol de Lara resulta clave, según el politólogo Carlos Cordero, quien considera que la tarea central del vicepresidente y del Parlamento es construir una agenda acordada con los líderes de partidos y con el Ejecutivo. A su juicio, esa coordinación debe servir para definir qué leyes se tratarán primero, en qué momento y con qué contenido.
“El vicepresidente y el Legislativo lo que tienen que hacer es definir una agenda que tiene que estar consensuada con los líderes de partidos y con el Ejecutivo. Esa es su principal tarea: coordinar para definir qué leyes se van a tratar primero, cuándo, ver sus contenidos”, sostuvo Cordero.
Por su parte, el exsenador y abogado constitucionalista Carlos Börth advirtió que el escenario actual refleja una falta de consenso inédita en el funcionamiento parlamentario, al punto de haber llevado a solicitar al TCP que declare nula una sesión de clausura. En su criterio, esa situación puede generar efectos perjudiciales para el trabajo de la Asamblea. “Los efectos pueden ser nocivos para el funcionamiento de la Asamblea”, señaló.
