En el marco de la Cumbre climática de Naciones Unidas COP31, que se desarrolla en Turquía, Bolivia colocó en el centro de su agenda externa la conservación de bosques, la protección de fuentes de agua y el desarrollo energético como ejes para atraer financiamiento internacional. Desde ese escenario, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de 250 millones de euros del banco alemán KfW y confirmó gestiones para acceder a nuevos recursos vinculados al financiamiento ambiental.
“Bolivia quiere abrir una nueva etapa con el KfW, con financiamiento para cuidar nuestros bosques, nuestra agua y nuestra energía, e impulsar la inversión privada que genere empleo para nuestra gente”, expresó el mandatario tras reunirse con Brigitte Réthier, miembro de la Junta Directiva de la entidad financiera alemana. El anuncio se enmarca en las gestiones que impulsa el Gobierno para captar fondos destinados a proyectos ambientales y productivos.
De acuerdo con el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, el monto comprometido se destinará a iniciativas de conservación forestal, gestión integral de los recursos hídricos y transición hacia energías limpias. La nueva línea de crédito y cooperación da continuidad a la relación bilateral reactivada este año entre Bolivia y Alemania.
En julio pasado, ambos países pusieron en marcha el proyecto “Protección y Gestión Sostenible de la Amazonía”, respaldado por una subvención inicial de 15 millones de euros también canalizada a través del KfW. Ese programa, con un horizonte de ejecución de cinco años, ya trabaja en la prevención de incendios y en la reducción de la deforestación en áreas prioritarias del departamento de Pando y en el territorio indígena autónomo de Charagua Iyambae.
Los recursos gestionados en Turquía también buscan fortalecer la Estrategia Amazonía de Bolivia, presentada por el Ejecutivo en octubre. Ese plan articula 47 proyectos impulsados por doce ministerios con la meta de frenar la pérdida de cobertura boscosa e impulsar la bioeconomía mediante cadenas productivas sostenibles, entre ellas el aprovechamiento de la castaña, el asaí y el turismo de naturaleza.
Con ese enfoque, el Gobierno pretende que la conservación ambiental y el acceso a mercados internacionales de carbono se conviertan en un motor económico alternativo para el país. La proyección oficial apunta a captar hasta 7.000 millones de dólares en ingresos verdes durante la próxima década, bajo mecanismos de fiscalización como la plataforma digital “Ventana Amazónica”.
En paralelo a las conversaciones con Alemania, el Ejecutivo también busca incorporarse al Fondo Bosques Tropicales para Siempre, conocido por sus siglas en inglés TFFF, una iniciativa impulsada por Brasil que apunta a movilizar inversiones públicas y privadas para recompensar a los países que mantienen sus bosques tropicales en pie. Paz ratificó esa intención durante su intervención en la plenaria de la COP31. “Un bosque en pie debe valer más que un bosque talado, por eso queremos incorporarnos al Fondo Bosques Tropicales para Siempre”, manifestó.
El mecanismo propone incentivos económicos de largo plazo para los países que conserven sus bosques, a través de pagos vinculados al desempeño en materia de protección forestal. La iniciativa fue impulsada por Brasil en el marco de la COP30 y busca transformar la conservación de bosques tropicales en una fuente de recursos para los países.
En septiembre pasado, el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, participó en Nueva York en encuentros de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima, donde expuso la propuesta del país para acceder al TFFF y presentó avances en conservación de áreas protegidas y proyectos con participación de comunidades indígenas.
Para respaldar esta estrategia de captación de fondos, el Gobierno impulsa además un paquete de reformas regulatorias. En esa línea, el presidente anunció que se entregaron dos proyectos de ley al Ejecutivo: uno referido al financiamiento climático y la biodiversidad, y otro destinado a regular los créditos de carbono.
De forma paralela, el Gobierno trabaja en un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el manejo integral del fuego y en mecanismos de pago por servicios ambientales, dentro de una agenda que busca articular conservación, financiamiento internacional y nuevas oportunidades de desarrollo para el país.
