La Gobernación de Tarija expresó su rechazo a la propuesta del gobierno central de transferir únicamente el 1% de coparticipación tributaria, una cifra que contrasta con el 15% que había sido planteado en las mesas de trabajo con autoridades gubernamentales.
La gobernadora María René Soruco manifestó su desacuerdo con ese porcentaje, además de cuestionar que esté condicionado a los ítems de salud. Tras reunirse con autoridades gubernamentales, sostuvo que la autonomía no está sujeta a negociación y remarcó que la salud y la autonomía no pueden ser objeto de intercambio. “La autonomía no se negocia y lo que nos han propuesto es apenas el 1% de coparticipación del 75% del nivel central. La salud y la autonomía son sagradas, y no se negocian”, afirmó.
De acuerdo con lo planteado inicialmente por las nueve gobernaciones del país, la propuesta era alcanzar el 15% de coparticipación con el objetivo de que la transferencia entre en vigencia desde 2027 y permita fortalecer la autonomía departamental.
En ese marco, el director de Autonomías de la Gobernación de Tarija, Esteban Ortuño, explicó que ese 15% no afectaría la distribución de recursos que reciben los Gobiernos Municipales, a quienes les corresponde el 20%, ni a las universidades, que perciben el 5%.
Ortuño señaló que la Gobernación insistirá en el diálogo con las autoridades gubernamentales para lograr ese porcentaje, en el marco del planteamiento de 50/50 impulsado por el presidente Rodrigo Paz y no por las gobernaciones del país. “Nuestra posición es que no estamos pidiendo limosnas ni migajas, el gobierno tiene que entender cuánto de recursos económicos le dio Tarija al nivel central por la explotación hidrocarburífera y cuánto le devolvió. Este es un acto de justicia social y de cumpliendo a la ley, no estamos pidiendo fuera de la ley”, expresó.
Por su parte, el diputado Rodrigo Fuenzalida consideró que el 1% no resulta suficiente para las gobernaciones del país, tomando en cuenta que el tema será debatido en la Asamblea Legislativa para su incorporación en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027.
A su juicio, si el gobierno central mantiene esa propuesta, no estaría cumpliendo con el compromiso del 50/50.
