Estados Unidos amplió este jueves 22 de octubre su política de restricciones migratorias contra ciudadanos bolivianos y anunció nuevas medidas de visa para 15 personas, entre ellas dos diputados nacionales, cuatro fiscales y exfiscales, tres jueces y autoridades judiciales, tres autoridades administrativas, dos policías y exjefes policiales, además de un particular. La disposición también alcanza a sus familiares directos, según informó el Departamento de Estado.
La decisión incorpora a autoridades en ejercicio y exfuncionarios de distintas áreas del Estado boliviano, entre ellas el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Policía Boliviana y entidades administrativas. Washington enmarcó la medida dentro de su política de combate a la corrupción y al narcotráfico en la región, y sostuvo que está dirigida a personas a las que atribuye posibles vínculos con esas actividades, consideradas por ese gobierno como factores que debilitan a administraciones democráticamente elegidas.
Entre los nombres más relevantes de la nueva nómina figuran el exfiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce; los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el fiscal de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde; y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, Aldo Ismael Quezada Cerruti.
La lista difundida por el Departamento de Estado incluye, en el grupo de diputados nacionales, a Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez. En el apartado de fiscales y exfiscales aparecen Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental del Beni; Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz; y Armando Rojas Toledo, exfiscal coordinador de La Paz.
En el grupo de jueces y autoridades judiciales fueron señalados Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; José Ayaviri Siles, exjuez del Tribunal Penal; y Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Entre las autoridades y exautoridades administrativas figuran Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del Servicio General de Identificación Personal de Santa Cruz; y Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración.
La nómina también alcanza a Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Viru Viru, y a Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN. Como particular figura Rony Suárez Milliet, ciudadano mencionado en informaciones públicas por su presunta vinculación con el entorno de Sebastián Marset.
El Departamento de Estado explicó que la medida se ampara en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que contempla motivos de inadmisibilidad relacionados con la política exterior estadounidense. Además, expresó su respaldo al Gobierno boliviano en los esfuerzos para frenar la influencia criminal en la justicia, las fuerzas policiales y la Asamblea Legislativa.
Se trata de la segunda medida de este tipo anunciada por Washington en menos de un mes. El 28 de septiembre, Estados Unidos ya había informado sobre restricciones migratorias contra autoridades, exautoridades y particulares bolivianos. En esa ocasión, una de las personas alcanzadas fue el entonces fiscal general Roger Mariaca, a quien Washington acusó de corrupción significativa y de favorecer presuntamente actividades vinculadas al narcotráfico.
El anuncio de este jueves volvió a dejar en claro que las restricciones de visa son medidas administrativas migratorias y no equivalen, por sí mismas, a condenas penales. Las acusaciones planteadas por el Gobierno estadounidense deben diferenciarse de una declaración judicial de culpabilidad.
