El concejal municipal de Tarija, Celestino Barro, presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de ley modificatorio que propone otorgar un año de gracia a los emprendedores que inicien actividades económicas en el municipio. La iniciativa apunta a aliviar la carga tributaria en la etapa inicial de los negocios y, al mismo tiempo, simplificar las exigencias administrativas que, según el legislador, suelen dificultar la apertura y permanencia de pequeños emprendimientos.
La propuesta ya fue remitida para su tratamiento y retoma uno de los compromisos planteados por Barro durante la campaña electoral. El planteamiento busca establecer un periodo de transición para quienes comiencen una actividad económica, con la intención de que puedan organizarse, generar ingresos y alcanzar cierta estabilidad antes de asumir obligaciones tributarias.
El proyecto surge en un contexto en el que, de acuerdo con la exposición del concejal, muchos trabajadores independientes, comerciantes y pequeños productores dependen de sus propias actividades para sostener a sus familias. Desde esa perspectiva, considera que las políticas municipales deberían favorecer el crecimiento de estos sectores en lugar de sumar obstáculos en las primeras etapas de funcionamiento.
La iniciativa también enlaza el impulso a los emprendimientos con el fortalecimiento del turismo. Barro sostiene que generar condiciones favorables para restaurantes, alojamientos, transporte, actividades culturales, comercio y propuestas recreativas podría ampliar la oferta para visitantes y dinamizar la economía local.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la complejidad de los trámites necesarios para formalizar una empresa. Según la explicación del proyectista, los emprendedores deben pasar por distintas oficinas, presentar documentación, cumplir requisitos y esperar autorizaciones que pueden extenderse durante semanas o incluso meses. Ese proceso, afirma, genera gastos adicionales, desgaste y desánimo entre quienes intentan iniciar una actividad.
A criterio del concejal, esa situación termina provocando que varios proyectos se abandonen antes de llegar a una fase productiva. Personas con una idea de negocio, una inversión inicial o una habilidad para ofrecer bienes y servicios podrían desistir por la cantidad de gestiones y por la presión económica que enfrentan desde el comienzo.
El periodo de gracia planteado tendría como objetivo permitir que los nuevos negocios se consoliden durante sus primeros doce meses. En ese tiempo, los emprendedores podrían concentrarse en poner en marcha sus actividades, captar clientes, ordenar sus finanzas, generar empleo y evaluar la viabilidad de sus propuestas sin enfrentar de inmediato una carga tributaria que, según la iniciativa, podría superar sus posibilidades iniciales.
La medida no elimina de forma permanente las obligaciones fiscales. El planteamiento busca postergar su aplicación durante la etapa de instalación para que, una vez concluido el plazo, los negocios que hayan alcanzado estabilidad se incorporen al sistema tributario y contribuyan con recursos al municipio.
Desde esa lógica, el proyecto pretende convertir la formalización en un proceso gradual. La expectativa es que una reducción de las barreras iniciales incentive a más personas a registrar sus actividades, abandonar la informalidad y, posteriormente, convertirse en una fuente regular de ingresos para las arcas municipales.
El debate en el Concejo deberá definir el alcance de la norma, los requisitos para acceder al beneficio, los tipos de actividades comprendidas y los mecanismos de control. También deberá establecerse si la medida se aplicará únicamente a nuevas empresas o si incluirá a negocios que actualmente operan sin registro y buscan regularizarse.
Otro aspecto por resolver será la coordinación entre las dependencias municipales encargadas de autorizar actividades económicas. La propuesta podría exigir ajustes en los procedimientos vinculados con licencias, patentes, inspecciones, permisos de funcionamiento y otros documentos requeridos para iniciar operaciones.
La discusión legislativa permitirá además evaluar la viabilidad jurídica y financiera de la iniciativa. Los concejales deberán analizar si el periodo de gracia puede implementarse sin afectar la planificación presupuestaria y si existen condiciones para que el beneficio llegue efectivamente a los pequeños emprendedores.
Barro sostiene que el respaldo institucional debe expresarse en medidas concretas y no quedarse en discursos sobre la importancia de la iniciativa privada. En ese marco, su propuesta plantea una relación distinta entre el municipio y quienes generan ingresos mediante actividades comerciales o productivas.
La iniciativa ingresará ahora a una fase de revisión, análisis en comisiones y eventual debate en el pleno del Concejo. Su aprobación dependerá de los informes técnicos y legales, además de los acuerdos que puedan alcanzarse entre las distintas fuerzas políticas representadas en la instancia legislativa municipal.
Si la norma avanza, Tarija podría contar con un mecanismo de acompañamiento para los emprendimientos durante su primer año de funcionamiento. El desafío, según el planteamiento, será que esa flexibilización inicial vaya acompañ
