En el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el sector público, dos exministros del área de Desarrollo Productivo han sido añadidos recientemente a la lista de procesados. Se trata de Zenón Mamani y Néstor Huanca, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso vinculado a la empresa estatal Emapa.

Ambos exfuncionarios permanecen detenidos en celdas policiales mientras esperan la formalización de la imputación por parte de la Fiscalía, que dará paso a la audiencia cautelar correspondiente. Las investigaciones apuntan a irregularidades ocurridas durante su gestión en dicha entidad estatal.

Este caso también incluye a otras personas bajo investigación, como el exgerente de Emapa, Franklin Flores, y el dirigente panificador Rubén Ríos, quien supuestamente habría obtenido beneficios mediante contratos irregulares. Ambos se encuentran actualmente en detención preventiva.

En un contexto más amplio, el expresidente Luis Arce Catacora continúa recluido de manera preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, acusado por hechos relacionados con el Fondo Indígena. Se le imputan delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, presuntamente cometidos durante su gestión como ministro de Economía.

Por otra parte, el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, también se encuentra privado de libertad debido a presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de un tramo carretero. Las acusaciones en su contra incluyen incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Además, el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, está vinculado al caso conocido como “coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente. Se le señalan delitos como uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.

El presidente de la República ha señalado que, a pesar de que las investigaciones y detenciones se han intensificado en las últimas semanas, la lista de implicados aún es corta y se prevé que se sumarán más nombres en los próximos días, en el marco de una política de combate a la corrupción dentro del aparato estatal