La creación de Botrading S.A., una empresa constituida en Paraguay con capital proveniente de YPFB Corporación, está envuelta en múltiples irregularidades que han desencadenado investigaciones tanto legislativas como penales. La compañía logró adjudicarse 12 contratos millonarios, situación que ha generado sospechas de un perjuicio económico estimado en 857 millones de dólares.

Un informe elaborado por una comisión especial del Legislativo reveló que Botrading S.A. ganó todos los procesos de licitación revisados, incluso cuando existían ofertas de otros proveedores que ofrecían servicios similares a un costo inferior. En dos casos, se otorgaron contratos simultáneamente a Botrading y a otro proponente, pese a que este último presentaba propuestas más económicas y eficientes, lo que, según el informe, debería haber llevado a la descalificación automática de Botrading.

El diputado Carlos Alarcón, integrante de la comisión, explicó que las conclusiones se basan en documentos oficiales de YPFB Corporación. Inicialmente, se estimó un daño económico de 355 millones de dólares, cifra que fue ajustada posteriormente a 388 millones. Además, el informe señala la existencia de “contratos fantasmas” y contratos con sobreprecios, favoreciendo a Botrading, empresa creada durante la administración de Evo Morales y que posteriormente cambió de nombre bajo el gobierno de Luis Arce.

Por su parte, el fiscal encargado del caso, Omar Yujra, indicó que la denuncia contiene generalizaciones e imprecisiones. Para esclarecer los hechos, se realizaron diversas intervenciones en las oficinas de YPFB Corporación en Santa Cruz, donde se obtuvieron documentos que no fueron considerados durante la investigación legislativa. Estos soportes, según los implicados, justifican legalmente las operaciones realizadas por Botrading. Durante una de estas revisiones, se descubrieron transacciones que suman al menos 857 millones de dólares, monto que figura en la imputación presentada contra el exgerente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, y otros cinco funcionarios.

Entre las irregularidades detectadas, se destaca que Botrading S.A. funcionaría como una empresa fantasma constituida en Paraguay para evadir la supervisión y regulación boliviana. La compañía contaría únicamente con tres empleados y sus oficinas serían en realidad un despacho jurídico, sin una sede empresarial formal. La elección de Paraguay, un país sin salida al mar al igual que Bolivia, para establecer la empresa resulta cuestionable, especialmente considerando que las importaciones de combustibles se realizan a través de puertos marítimos, lo que haría más lógico crear la empresa en un país con acceso al mar.

Asimismo, el informe señala que Julio Camargo, un alto funcionario de YPFB que formó parte del directorio de Botrading, habría adquirido acciones de la empresa sin realizar ningún pago, ya que la titular paraguaya, Sandra Bethania Otazu, las transfirió gratuitamente. Posteriormente, Camargo vendió estas acciones a YPFB Logística por 117.758 dólares, obteniendo un beneficio económico personal a expensas del Estado.

Otra irregularidad importante es que la mayoría de los contratos adjudicados a Botrading se realizaron sin convocatoria pública, mediante invitación directa, y en varios casos, la empresa fue la única invitada o participante. Además, no se presentó una justificación jurídica adecuada para estas adjudicaciones. El informe también recalca que Botrading carecía de infraestructura esencial para el almacenamiento y transporte de combustible, así como de tecnología o capacidad de refinación, lo que generó mayores gastos para el Estado sin una justificación técnica válida.

En resumen, las investigaciones apuntan a que Botrading S.A. operó en condiciones que favorecieron la obtención irregular de contratos y causaron un perjuicio económico significativo al Estado, motivando acciones legales y un escrutinio exhaustivo sobre las prácticas de contratación dentro de YPFB Corporación