El gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del transporte pesado en Santa Cruz tras una reunión realizada entre autoridades del Ejecutivo y dirigentes del sector. La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó que este acuerdo busca asegurar la correcta implementación de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 5503.
En el encuentro participaron el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, YPFB y otras entidades estatales, junto a la Cámara de Transporte del Oriente y la Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz. Como resultado, se acordó la creación inmediata de comisiones técnicas que trabajarán en varios frentes clave para el sector.
Entre las medidas pactadas se encuentran la aplicación del diferimiento de créditos y el saneamiento tributario para los transportistas, la eliminación del gravamen arancelario para la importación de llantas, repuestos e insumos, y la coordinación para garantizar el suministro de diésel, además de mejorar los mecanismos de control y operatividad en el sector.
Estas comisiones deberán conformarse en un plazo máximo de 48 horas y presentar resultados concretos en los días siguientes, con el fin de que los beneficios lleguen de manera rápida, eficiente y transparente a los transportistas.
El diálogo y la cooperación entre el gobierno y el sector transporte se mantienen como herramientas fundamentales para promover la estabilidad económica, fortalecer la cadena productiva y proteger el poder adquisitivo de la población.
En el marco de esta reunión, el dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, Juan Yujra, hizo un llamado a otros sectores, como el transporte urbano, a adaptarse a la realidad actual, enfatizando que no es sostenible depender del Estado. Además, destacó que las autoridades han garantizado el suministro de combustible para el sector.
Por su parte, Luis Añez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, reconoció las dificultades que atraviesa el sector en relación al acceso al combustible, situación que persiste desde hace varios años. Subrayó la necesidad de contar con seguridad jurídica y un abastecimiento confiable de combustible para que el transporte pueda cumplir su función, facilitando las exportaciones y el traslado de alimentos hacia las ciudades, lo que contribuye a evitar el encarecimiento de los productos
