Las autoridades judiciales han iniciado una profunda investigación para esclarecer las circunstancias que rodean el deceso del exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien se encontraba implicado en el denominado caso consorcio. La pesquisa, calificada inicialmente como un posible homicidio-suicidio, ha sido confirmada por el fiscal coordinador de delitos contra la vida, Favio Maldonado, quien señaló que la indagación contempla la posibilidad de una instigación al suicidio, considerando alegaciones de coacción y maltrato físico que el exmagistrado pudo haber sufrido antes de su muerte.
Maldonado explicó que el objetivo primordial de la investigación es determinar si existió participación de un instigador en el fatal desenlace. En un desarrollo paralelo, la representación legal de la familia, a cargo de la abogada Suleika Lanza, ha formalizado una denuncia penal dirigida contra personal del sistema penitenciario y ciertos operadores de justicia. La implicación de estos se relaciona con el proceso que condujo al arresto del exministro de Justicia, César Siles, y de la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, quien estuvo a cargo de diversos expedientes impulsados por el Ministerio de Justicia contra exautoridades del gobierno transitorio.
La abogada de la familia enfatizó que el estado anímico del exmagistrado se vio severamente afectado por múltiples factores, entre ellos el hostigamiento y las exigencias de ciertas instancias para alterar su testimonio en el caso consorcio. Se le habría presionado para que declarara hechos que no eran verídicos, buscando una modificación de su versión.
De acuerdo con el relato de su defensora, el propio Lea Plaza había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, detallando agresiones físicas sufridas durante su reclusión preventiva en el centro penitenciario de San Pedro. Además, habría recibido coacciones para modificar sus declaraciones, las cuales involucraban a figuras como Siles, Castro, el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Campero y su expresidente, Yván Córdova. El exjuez había previamente indicado que estas personas lo habrían presionado para emitir una resolución de acción de cumplimiento con el fin de remover a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. Sin embargo, la denuncia por tales agresiones, según la abogada, nunca recibió el curso debido por parte de la Fiscalía. A esta compleja situación se añadió la inminente amenaza de una revocación de su detención domiciliaria.
El fiscal Maldonado confirmó que las personas mencionadas en el caso consorcio serán convocadas para prestar declaración, con el fin de esclarecer las denuncias de amenazas y presiones. Asimismo, basándose en los elementos de prueba recabados y los testimonios de dos allegados, se ha establecido que el deceso del exjuez fue por autoeliminación.
Allegados al exmagistrado refirieron que era su costumbre permanecer en dicho sitio tras la ingesta de alcohol. Durante la madrugada del domingo, aproximadamente a las 02:00, el exjuez arribó a su residencia en el barrio Alto Irpavi, al sur de La Paz, en el vehículo de su progenitor, luego de un encuentro con otra persona en Villa Adela, El Alto. Hacia las 04:00, un miembro de la familia percibió un sonido anómalo y, al forzar la entrada que se encontraba bloqueada desde el interior, descubrió el cuerpo sin vida. La investigación ha descartado la presencia de cualquier otra persona en el lugar de los hechos, así como la existencia de indicios de forcejeo, agresión o lesiones atribuibles a terceros, precisó Maldonado
