El gobernador Oscar Montes ha solicitado formalmente la declaración de emergencia financiera para el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, un paso que ha sido respondido por el presidente de la Asamblea Legislativa, Alan Barca, quien confirmó que el proyecto de ley correspondiente ha sido presentado para su análisis y debate.
Barca reconoció la grave crisis económica que enfrenta el departamento, atribuyéndola a la disminución de ingresos. Sin embargo, subrayó la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos, lo que implica un examen exhaustivo en las comisiones antes de que el asunto sea discutido en el pleno de la asamblea.
El presidente de la asamblea expresó su compromiso de abordar esta situación crítica con la seriedad que merece, instando a las autoridades de ambos poderes a actuar con responsabilidad ante los desafíos que enfrenta la región. Además, valoró positivamente la iniciativa del gobernador de fomentar el diálogo entre la gobernación y la asamblea, destacando que la crisis económica afecta a toda la estructura del gobierno departamental.
Por otro lado, la oposición ha manifestado su desacuerdo con la propuesta de emergencia financiera. Francisco Rosas, asambleísta de la bancada de Todos, argumentó que esta solicitud refleja la incapacidad del gobernador para gestionar adecuadamente el departamento, sugiriendo que se trata de una estrategia para desviar la atención de su propia ineficacia. Rosas criticó la falta de proyectos significativos en la región, atribuyéndola a las decisiones tomadas durante la gestión de Montes.
Asimismo, Eider Quiroga, líder de la bancada del MAS, rechazó la aprobación de la ley de emergencia financiera, argumentando que podría poner en riesgo programas sociales esenciales, como la provisión de recursos al sector salud y la asistencia alimentaria. Quiroga enfatizó que no se respaldará ninguna iniciativa que no cuente con un consenso adecuado con los sectores afectados, insistiendo en que la responsabilidad recae en el poder ejecutivo para garantizar la protección de las poblaciones vulnerables