El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha hecho público un informe que revela irregularidades significativas en el manejo del caso relacionado con el mercado Mutualista de Santa Cruz. En este contexto, se ha decidido remitir antecedentes al Ministerio Público con el fin de que se inicien procesos penales contra una jueza de Pailón y varios exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Según Saucedo, uno de los aspectos más preocupantes es la interposición de un amparo constitucional que buscaba dejar sin efecto la Ley Municipal 417 de 2016. Esta ley había declarado el mercado Mutualista como un bien de dominio público, lo que lo convierte en un tema sensible y relevante para la comunidad. El presidente del TSJ señaló que la jueza en cuestión actuó de manera inapropiada al admitir el amparo y otorgar medidas cautelares, solo para luego declinar su competencia a favor de Santa Cruz, a pesar de que tanto el inmueble como los domicilios procesales se encontraban en esta última ciudad.

“La juez admite el amparo y otorga medidas cautelares, pero después dice que no es competente y declina competencia a Santa Cruz para que resuelva la sala correspondiente. ¿Cómo es posible que primero admita y otorgue medidas cautelares y luego afirme no tener competencia?”, cuestionó Saucedo, subrayando la gravedad de las acciones de la jueza y su implicación en responsabilidades penales.

El informe también señala cómo una serie de decisiones tomadas por magistrados autoprorrogados llevaron a una sentencia constitucional que favoreció a la familia Crapuzzi, complicando aún más la situación legal del mercado Mutualista. En este sentido, Saucedo insistió en que no se puede ignorar una sentencia constitucional que contenga elementos de prevaricato.

“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”, afirmó con firmeza. Además, enfatizó que el hecho de que dicha sentencia provenga del TCP no la exime de responsabilidad legal. Por ello, se ha solicitado al Ministerio Público iniciar las investigaciones pertinentes contra los involucrados en este caso.

La situación del mercado Mutualista continúa generando controversia y atención mediática, mientras las autoridades judiciales buscan esclarecer las irregularidades y asegurar el cumplimiento adecuado de las leyes.