En Guayaramerín, Beni, una grave situación ha puesto en alerta a la comunidad y a las autoridades sanitarias, tras descubrirse que una mujer habría ejercido la medicina de manera irregular durante varios años, utilizando un título profesional falso. Este caso pone en evidencia no solo un presunto delito de usurpación de funciones, sino también una posible vulneración a la seguridad y salud de los pacientes que fueron atendidos en el sistema público bajo su supuesto cuidado.
La persona implicada, identificada como Mariela Apaza Ontiveros, habría trabajado desde el año 2021 en la Red de Salud 08 y en el hospital local de Guayaramerín sin contar con la debida inscripción en el Colegio Médico de Bolivia, requisito fundamental para ejercer legalmente la profesión médica. La ausencia de este registro generó sospechas entre los responsables de la red sanitaria, quienes detectaron irregularidades que motivaron una investigación formal.
El coordinador de la Red de Salud 08, Álvaro Molina Flores, fue quien denunció oficialmente los hechos tras evidenciar que Apaza no solo carecía de autorización para ejercer, sino que además incurrió en prácticas irregulares como el cobro indebido por servicios médicos, contratación no autorizada de personal y la asunción de responsabilidades fuera del ámbito permitido para su supuesto cargo. Estas acciones agravan el caso al poner en riesgo la integridad del sistema público y afectar directamente a los usuarios que dependen del hospital local.
Ante esta situación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tomó cartas en el asunto realizando un allanamiento en el domicilio de la sospechosa. Durante este procedimiento se incautaron diversos documentos que apuntan a la falsificación: sellos oficiales, comprobantes de pagos irregulares y un diploma fraudulento emitido por una universidad privada. Estos hallazgos fortalecen las sospechas iniciales y constituyen pruebas fundamentales para avanzar en la investigación.
El 28 de enero del año 2025, las autoridades procedieron a la aprehensión formal de Mariela Apaza Ontiveros. Actualmente está siendo investigada por varios delitos relacionados con su conducta: usurpación de funciones públicas, falsedad ideológica y material, además del uso indebido de documentos falsificados. El caso fue remitido al Ministerio Público para continuar con las indagaciones necesarias que permitan esclarecer no solo su responsabilidad individual sino también posibles complicidades o negligencias dentro del sistema sanitario local.
El impacto social generado por este hecho es considerable. La población de Guayaramerín ha manifestado preocupación ante lo ocurrido, ya que pone al descubierto fallas importantes en los mecanismos de control y supervisión dentro del sistema público de salud. La posibilidad de que una persona sin título profesional legítimo haya atendido pacientes durante años implica riesgos significativos para quienes confiaron su bienestar a esta supuesta médica.
Además, se ha solicitado al Ministerio de Salud profundizar las investigaciones para determinar si existió consentimiento o negligencia por parte de autoridades municipales o responsables administrativos que permitieron o facilitaron la permanencia irregular de Apaza en funciones médicas. Este aspecto es crucial para asegurar transparencia y evitar que situaciones similares se repitan en otros ámbitos o regiones.
En paralelo a estas acciones legales y administrativas, las pesquisas continúan enfocadas en evaluar el alcance real del daño causado a los pacientes atendidos por esta persona desde 2021. Se busca determinar si hubo tratamientos incorrectos o negligentes que pudieran haber comprometido seriamente su salud o incluso sus vidas. Esta evaluación es fundamental para definir medidas correctivas y ofrecer respuestas claras a la comunidad afectada.
En conclusión, este caso subraya la importancia vital del rigor y la vigilancia constante en los procesos de contratación y certificación dentro del sistema público sanitario. Garantizar que quienes ejercen profesiones críticas como la medicina posean títulos legítimos y cumplan con los requisitos establecidos es indispensable para proteger a la población y mantener la confianza pública en las instituciones dedicadas al cuidado de la salud
