La crisis económica que afecta a la Asamblea Departamental ha alcanzado niveles alarmantes, obligando a sus autoridades a buscar apoyo directo en instancias gubernamentales superiores para garantizar el pago de salarios atrasados. Según el legislador José Yucra, la situación financiera que atraviesa el órgano legislativo es tan crítica que se ha visto forzado a acudir al Ministerio de Trabajo en busca de una solución urgente que permita cumplir con las obligaciones salariales pendientes.
El origen del conflicto radica en la deuda acumulada por parte de la Gobernación, que desde hace al menos tres meses no ha cumplido con el pago de los sueldos correspondientes a los funcionarios dependientes de esta entidad. Esta morosidad ha generado un impacto directo y negativo en la estabilidad económica del personal y, por extensión, en el funcionamiento mismo de la Asamblea Departamental. El retraso en los pagos no solo afecta a los empleados sino también al cuerpo legislativo que depende del presupuesto asignado por la Gobernación para operar con normalidad.
Ante esta situación, la directiva de la Asamblea ha realizado múltiples gestiones formales, enviando cartas tanto al gobernador como al Ministerio de Trabajo para denunciar la problemática y solicitar una intervención que garantice el cumplimiento de las obligaciones salariales. El legislador Yucra destacó que resulta inadmisible que el gobernador priorice el pago de compromisos económicos con empresarios vinculados a determinados proyectos, dejando desatendida la responsabilidad fundamental de abonar los salarios del personal público. Esta decisión administrativa ha sido objeto de crítica desde dentro del propio órgano legislativo, evidenciando una disconformidad profunda respecto al manejo financiero del ejecutivo departamental.
La Asamblea no solo busca una solución inmediata para los funcionarios afectados sino también para los policías y los mismos asambleístas, quienes han visto comprometida su remuneración desde hace varios meses. La situación financiera adversa ha generado un clima de tensión y preocupación entre quienes dependen directamente del presupuesto público para su subsistencia diaria. La falta de pagos pone en riesgo no solo la estabilidad económica individual sino también el correcto desempeño institucional.
En respuesta a esta problemática, durante una sesión plenaria reciente se aprobó por unanimidad una resolución que ratifica el compromiso del cuerpo legislativo para insistir ante el Ministerio de Trabajo en la necesidad imperiosa de exigir a la Gobernación que regularice los pagos adeudados desde comienzos de año e incluso períodos anteriores. Esta medida refleja la unidad y determinación del conjunto de legisladores para enfrentar una crisis que amenaza con paralizar las actividades políticas y administrativas fundamentales para el desarrollo departamental.
El legislador Yucra subrayó además que esta situación parece responder a un intento deliberado por parte del ejecutivo departamental de limitar las capacidades financieras de la Asamblea como mecanismo para impedir o dificultar su función fiscalizadora. A pesar del asfixiante contexto económico impuesto por la Gobernación, los órganos legislativos han mantenido su labor fiscalizadora, demostrando compromiso institucional pese a las adversidades. Sin embargo, reconoció que esta coyuntura resulta particularmente lamentable para los funcionarios públicos cuyos medios económicos se han visto severamente comprometidos.
En definitiva, esta crisis salarial pone en evidencia problemas estructurales en las relaciones financieras entre las instancias ejecutivas y legislativas departamentales, así como en la gestión presupuestaria del gobierno regional. La búsqueda urgente por parte de la Asamblea Departamental para lograr una solución mediante el Ministerio de Trabajo revela un escenario crítico cuya resolución es vital no solo para garantizar condiciones dignas a los trabajadores públicos sino también para preservar el equilibrio institucional y democrático dentro del departamento afectado
