La juez Alejandra Menacho ha dispuesto la detención preventiva por un periodo de 100 días para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en obras de pavimentación ejecutadas por la Alcaldía cruceña. Esta medida cautelar fue establecida tras una audiencia celebrada el jueves, en la que se consideró necesario un plazo prudencial para la realización de diversas diligencias solicitadas por el Ministerio Público. La autoridad judicial también fijó una audiencia de reconsideración para el próximo 5 de junio a las 9:00 horas, donde se evaluará la continuidad o modificación de esta medida.
La decisión implica que Fernández deberá cumplir su detención en el penal de Palmasola, uno de los centros penitenciarios más importantes del país. Tras la audiencia, el alcalde fue trasladado inicialmente a oficinas policiales para completar los trámites correspondientes antes de ser llevado a prisión. Este procedimiento se da luego de que Fernández se presentara voluntariamente ante la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) el martes por la tarde para declarar en relación con las investigaciones que se llevan adelante en su contra.
El caso que enfrenta Jhonny Fernández está vinculado a supuestas obras viales inconclusas o mal ejecutadas, cuyos costos habrían sido pagados íntegramente por la Alcaldía, causando un presunto daño económico al municipio. La denuncia fue presentada por Manuel ‘Mamen’ Saavedra, exconcejal y candidato a la Alcaldía por la agrupación VOS. Saavedra señala que existe un faltante económico superior a seis millones de bolivianos debido a proyectos que figuran como terminados pero que, según las denuncias, no cuentan con la pavimentación completa ni adecuada.
Los delitos atribuidos al alcalde y al secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Estas imputaciones reflejan una presunta negligencia o mala gestión en la administración pública que ha afectado directamente los recursos municipales destinados a infraestructura vial.
Un elemento clave en esta investigación es el informe preliminar elaborado por la Contraloría General del Estado. Este documento reveló irregularidades en siete obras realizadas durante 2023. Entre los problemas detectados se encuentran un faltante físico aproximado de 1,02 kilómetros de pavimento que no habría sido colocado según lo contratado, así como deterioro visible en calzadas ya ejecutadas e incluso obstáculos como postes eléctricos instalados dentro del área destinada a las vías públicas. No obstante, desde el equipo municipal han cuestionado este informe señalando su carácter preliminar y negando que implique responsabilidades penales o administrativas concretas.
En defensa del alcalde Fernández, su abogado Fabio Jofré argumenta que las conclusiones presentadas por la Contraloría no establecen indicios claros de responsabilidad penal ni administrativa para ninguna persona involucrada. Según Jofré, dicho informe únicamente contiene recomendaciones y observaciones técnicas sin fundamentar cargos formales contra las autoridades investigadas.
Este caso adquiere relevancia significativa dentro del contexto político y administrativo local ya que involucra a uno de los principales funcionarios públicos responsables del desarrollo urbano y mantenimiento vial en Santa Cruz. La detención preventiva del alcalde representa una medida excepcional que pone en evidencia la gravedad con la cual se está abordando esta denuncia desde las instancias judiciales y fiscales.
El proceso judicial continuará desarrollándose con nuevas audiencias y diligencias encaminadas a esclarecer si existió o no dolo o negligencia grave en la ejecución contractual y gestión municipal relacionada con estas obras. Mientras tanto, las autoridades municipales deberán responder ante esta acusación pública sobre el manejo eficiente y transparente de los recursos asignados para mejorar la infraestructura vial en uno de los municipios más importantes del país.
La fijación concreta del plazo para reconsiderar esta medida cautelar también indica un espacio temporal limitado durante el cual se pueden presentar pruebas adicionales o argumentos legales tendientes a modificar la situación actual del alcalde Fernández mientras avanza el proceso investigativo y judicial. En definitiva, este caso pone bajo escrutinio no solo las acciones individuales sino también los mecanismos institucionales encargados del control y supervisión financiera dentro del gobierno local
