La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) emitieron un comunicado oficial denunciando un grave ataque contra un periodista local, identificado únicamente como F. Jesús Z.S., ocurrido en horas de la madrugada del pasado jueves 12 de febrero en la ciudad de El Alto. Este incidente ha generado profunda preocupación en el ámbito periodístico y social, ya que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores de la prensa al ejercer su labor informativa en contextos delicados.
Según el pronunciamiento conjunto, el periodista fue víctima de un secuestro y una agresión violenta cuando se dirigía a su domicilio tras cubrir un evento político relacionado con la campaña electoral que se desarrollaba en la plaza de la Cruz de Villa Adela. En ese momento, fue interceptado por un grupo de desconocidos que lo sometieron por la fuerza, lo introdujeron a un vehículo y lo trasladaron aproximadamente quince kilómetros hasta un terreno baldío ubicado en la zona de Kiswaras. Este traslado forzado no solo implicó privación ilegal de libertad, sino también una clara intención intimidatoria hacia el profesional.
Durante el secuestro, los atacantes profirieron amenazas explícitas dirigidas a amedrentar al periodista, evidenciando que conocían su identidad y función dentro del ámbito informativo. Este detalle adquiere especial relevancia porque apunta a que el ataque no fue aleatorio ni producto de una situación común de inseguridad ciudadana, sino que tuvo como objetivo silenciar o coartar su trabajo periodístico. Las agresiones físicas incluyeron el uso de un arma cortopunzante que causó heridas intencionales, según el informe médico elaborado tras su atención hospitalaria.
La víctima fue atendida quirúrgicamente en el Hospital Corea y recibió el alta médica al día siguiente. Posteriormente, procedió a formalizar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pasos fundamentales para iniciar las investigaciones correspondientes y preservar las pruebas del atentado sufrido.
Las organizaciones periodísticas subrayan que este hecho no puede ser tratado simplemente como un episodio aislado dentro del contexto generalizado de inseguridad; por el contrario, representa una manifestación preocupante dentro del patrón recurrente de agresiones selectivas contra periodistas bolivianos. La ANPB y la CSTPB alertan sobre un escenario donde este tipo de ataques se ha repetido con frecuencia en los últimos tiempos, agravándose además por la falta de sanciones efectivas hacia los responsables en casos anteriores, lo cual fomenta un clima impune y hostil para quienes ejercen el periodismo.
Ante esta situación crítica, ambas instituciones han exigido a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que permita esclarecer los hechos con rigor y objetividad. Asimismo, demandan que se identifique y sancione tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque, garantizando además medidas urgentes para proteger al periodista agredido y a su familia frente a posibles represalias futuras.
Este episodio refleja las dificultades crecientes que enfrentan los profesionales de la comunicación en Bolivia para desarrollar su labor con seguridad y libertad. La denuncia pública realizada por la ANPB y la CSTPB busca llamar la atención sobre esta problemática e impulsar acciones concretas para fortalecer las garantías democráticas relacionadas con la libertad de prensa y el derecho a informar sin temor a represalias violentas. La protección efectiva del trabajo periodístico resulta esencial no solo para preservar vidas individuales sino también para mantener un espacio público informado e independiente, base fundamental para cualquier sociedad democrática
