El vicepresidente Edmand Lara se presentó en la Fiscalía de La Paz para formalizar una denuncia penal contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, a quien acusa de incurrir en presuntos actos de corrupción relacionados con un supuesto sobreprecio en la compra de combustibles. Este hecho ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y empresarial, dada la importancia estratégica que tiene YPFB en la economía nacional y la sensibilidad que despiertan las operaciones vinculadas al sector energético.
Según explicó Lara, la denuncia se funda en contratos firmados por Akly con la empresa Trafigura, los cuales, a su juicio, presentan irregularidades que habrían provocado un sobreprecio mensual estimado en cuatro millones de dólares. En términos acumulados, esta situación implicaría un perjuicio económico para el Estado boliviano cercano a los doce millones en un lapso de tres meses. El vicepresidente indicó además que el daño podría ser aún mayor debido a un incremento en el ingreso de combustible desde ultramar, lo que amplificaría el impacto financiero negativo para el país.
La acusación formalizada ante la Fiscalía incluye cuatro delitos específicos: conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al patrimonio estatal e incumplimiento de deberes. Lara no solo presentó la denuncia sino que también solicitó medidas cautelares urgentes contra Akly, como su aprehensión inmediata y detención preventiva. Estas solicitudes buscan evitar que el acusado pueda interferir con la investigación, alterar o destruir evidencia o influir en posibles testigos.
En respuesta a estas acusaciones, YPFB emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente cualquier pago de sobreprecios y calificando las denuncias como intentos tendenciosos de dañar la imagen institucional. La estatal explicó que se realizaron procesos de recepción de ofertas para las locaciones DAP Arica y DAP Pocitos, donde Trafigura presentó las propuestas más competitivas; sin embargo, aclararon que esto no implicó necesariamente la firma de contratos. Esta postura pone en evidencia una disputa sobre la interpretación y validez de los acuerdos comerciales denunciados.
Horas antes del ingreso formal de la denuncia, Yussef Akly manifestó públicamente su rechazo a las acusaciones mediante una entrevista concedida a un medio televisivo. En ella aseguró que las supuestas irregularidades no pasaron de ser intenciones comerciales que finalmente no se concretaron, desestimando así cualquier responsabilidad penal o administrativa por parte suya o del organismo que dirige.
Lara reiteró que cuenta con documentos contractuales firmados por Akly como prueba directa del delito y enfatizó que es indispensable actuar con firmeza para castigar estos hechos ilícitos. Destacó además el compromiso personal y político para mantener presión social y judicial hasta lograr justicia efectiva contra quienes perjudican los recursos públicos. En ese sentido advirtió sobre posibles movilizaciones ciudadanas si no se garantiza una investigación transparente y sanciones ejemplares.
Por otro lado, esta misma línea acusatoria fue seguida por el diputado Rolando Pacheco, integrante del partido Alianza Popular (AP), quien presentó una querella similar contra el presidente de YPFB. Este respaldo parlamentario agrega peso político a la denuncia y refleja una creciente preocupación entre sectores políticos por las presuntas irregularidades detectadas.
Actualmente, se aguarda una respuesta oficial por parte de la Fiscalía respecto a la admisión formal del proceso penal. La evolución del caso será determinante para esclarecer si efectivamente existieron prácticas corruptas dentro de YPFB o si se trata de denuncias infundadas con motivaciones políticas o mediáticas. Mientras tanto, este episodio pone en primer plano el debate sobre transparencia y control en las empresas estatales clave para el desarrollo nacional. La población sigue atenta a cómo avanzan las investigaciones y espera que se garantice el buen uso de los recursos públicos sin impunidad ni favoritismos
