El jueves se aprobó en Venezuela una reforma significativa a la ley petrolera que permite la participación plena de inversiones privadas en la industria energética del país. Esta medida representa un cambio importante en la política petrolera y se alinea con los intereses de Estados Unidos para operar en el territorio tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional dio luz verde a cada artículo del nuevo marco legal, que modifica la legislación vigente desde 2006. El texto ahora está pendiente de la sanción presidencial por parte de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura del exmandatario en una operación que incluyó acciones militares estadounidenses en Caracas y zonas cercanas.
La iniciativa de reforma fue impulsada por la propia presidenta, marcando un giro en la relación tradicionalmente conflictiva con Washington. El expresidente estadounidense Donald Trump había manifestado su apoyo a Rodríguez, calificándola de “formidable” y expresando su interés en que compañías petroleras estadounidenses participen en Venezuela.
El nuevo marco legal otorga mayores garantías a los inversionistas privados, transfiere el control estatal sobre la exploración y reduce la carga impositiva, buscando revitalizar un sector afectado por sanciones internacionales, desinversión prolongada y problemas de gestión.
En una manifestación en respaldo a la presidenta, el trabajador del sector petroquímico Leonardo Castillo destacó que la reforma permitirá generar nuevos ingresos para el país. Aunque la producción petrolera alcanzó 1,2 millones de barriles diarios en 2025, un aumento respecto a los 300.000 barriles de 2020, todavía está lejos del máximo histórico de 3 millones registrado a principios del siglo.
La industria petrolera venezolana ha enfrentado un embargo impuesto en 2019, que junto con otros factores, ha limitado su capacidad productiva y desarrollo. La reforma aprobada busca revertir esta situación mediante la apertura a capital privado y la modernización del marco regulatorio
