La llegada al país de más de 30 maletas sin pasar por los controles aduaneros correspondientes, bajo la supuesta protección de un pasaporte diplomático vinculado a la exdiputada Laura Rojas Ayala, ha generado un escándalo de alcance nacional y ha abierto nuevas líneas de investigación penal, entre ellas la posible legitimación de ganancias ilícitas.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, destacó que, además de la pesquisa que lleva adelante la Fiscalía por presunto narcotráfico, se indaga en otros aspectos relacionados con el uso del pasaporte diplomático y la procedencia del financiamiento del vuelo chárter que trasladó a Rojas junto con sus 31 o 32 maletas. García subrayó que resulta poco común que se realice un vuelo privado desde Miami (Estados Unidos) hasta Viru Viru (Santa Cruz, Bolivia) con un costo aproximado de 180.000 dólares, cifra que ha sido divulgada públicamente.
Entre los puntos que motivan la investigación se encuentran el contenido de las maletas, cuyo paradero es desconocido según informó el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y la falta de control por parte de la Aduana Nacional, que no verificó ni inspeccionó el equipaje que ingresó desde Estados Unidos. El viceministro enfatizó la necesidad de indagar una posible legitimación de ganancias ilícitas y afirmó que el Gobierno está dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
Asimismo, se anunció la solicitud formal a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para que realice una auditoría sobre el origen de los fondos que financiaron el vuelo chárter. Paralelamente, se instó al Consejo de la Magistratura a iniciar un proceso de investigación contra las autoridades judiciales que hayan sido denunciadas y que podrían estar vinculadas con actividades relacionadas con el narcotráfico. Hasta el momento, no se ha registrado respuesta oficial por parte de dicho organismo.
En cuanto a las personas implicadas, al menos ocho individuos figuran dentro de la investigación. Entre ellos destaca la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, quien permanece aprehendida y enfrenta una audiencia para definir medidas cautelares, siendo imputada por presunto tráfico de sustancias controladas. También está el juez Hebert Zeballos, quien, según su propia declaración, mantiene una amistad con Rojas y es propietario del galpón donde se descubrió la droga; fue imputado por tráfico de sustancias controladas y confabulación, y enviado a la cárcel de Palmasola por 120 días.
Otro involucrado es Roy Rony P. R., encargado de seguridad de la empresa Ebose S.R.L., propiedad de Zeballos, donde se localizó un cargamento de marihuana. Este vigilante fue el primer imputado y recibió una detención preventiva de 180 días, mayor a la del propietario del inmueble. Además, en las últimas horas se detuvo a tres personas más vinculadas con la empresa, y la Fiscalía convocó a dos funcionarios de la Aduana para que brinden declaraciones informativas en relación con el caso.
A raíz de estas irregularidades, la Aduana ha iniciado una investigación interna retrospectiva para identificar a los funcionarios que, durante la gestión del gobierno del MAS, habrían omitido controles y permitido actividades ilícitas, tales como el contrabando de oro y la exportación de grandes cantidades de sustancias controladas hacia Europa, hechos que habrían ocurrido durante la administración de Luis Arce
