El tratamiento de los proyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos en el país ha sido pospuesto para dar paso a un proceso de socialización con diversos sectores sociales. Las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado habían iniciado el análisis de estas iniciativas, pero decidieron suspenderlo temporalmente.

Según un comunicado oficial, la Comisión de Justicia Plural ha decretado un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero para facilitar el diálogo y la difusión del contenido de estas propuestas legislativas. Esta pausa busca involucrar a la sociedad en la discusión antes de avanzar con la aprobación de las normas.

En la Cámara de Diputados, los proyectos impulsados por los principales partidos oficialistas, PDC y Unidad, estaban en agenda para continuar su estudio. Sin embargo, no se incluyó la propuesta presentada por el diputado Israel Mérida, a pesar de que fue la primera en ser presentada entre sus pares.

Uno de los anteproyectos, conocido como “ley antibloqueos”, plantea eximir de responsabilidad a los policías y militares en caso de que se registren víctimas durante las movilizaciones. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Alarcón, del partido Unidad.

Otra propuesta, impulsada por la diputada María Soruco Chacón, también de Unidad, busca sancionar a quienes bloqueen vías públicas a través de la incorporación de nueve nuevos tipos penales. Su anteproyecto se denomina “ley contra el bloqueo, desabastecimiento, zozobra y de protección a la protesta social lícita y pacífica”.

En el Senado, la senadora Claudia Mallón presentó una iniciativa que propone modificar el artículo 213 del Código Penal. Su proyecto establece penas privativas de libertad de ocho a diez años para quienes bloqueen o interrumpan el libre tránsito de personas, vehículos o bienes, incluso si la interrupción no es total, y para quienes pongan en riesgo la seguridad o continuidad del transporte público por cualquier vía.

El senador José Ormachea informó que aún no se ha conformado la comisión especial acordada para tratar estos temas en el Senado, por lo que se espera que esta definición se realice en la próxima sesión. Mientras tanto, el presidente del Senado, Diego Ávila, anticipó un proceso de socialización para estos proyectos.

En respuesta a estas iniciativas, diversas organizaciones sociales comenzaron a articular sus posturas. La Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos mineros fueron los primeros en declarar estado de emergencia, manifestando su rechazo a las propuestas y anunciando que no permitirán la aprobación de estas leyes