Michael Quiroga, juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, fue detenido y trasladado a la ciudad de Santa Cruz tras admitir una acción de amparo que buscaba detener la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), a pesar de no contar con la competencia territorial ni electoral correspondiente.

Se informó que, en un intento por evadir la detención, el juez trató de escapar, pero finalmente fue capturado. Esta aprehensión responde a una denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ante el Consejo de la Magistratura, debido a que Quiroga actuó en contravención a la Constitución.

El TSE explicó que, pese a haber presentado una declinatoria de competencia el 19 de enero —advertencia que señalaba posibles consecuencias legales y disciplinarias—, el juez admitió el amparo promovido por Nelson Almendras Choque. Esta acción legal buscaba la restitución de los 136 candidatos de la alianza SAO-ADN, quienes fueron excluidos de la contienda electoral tras una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Entre las irregularidades detectadas se encuentran notificaciones realizadas fuera de los plazos establecidos, el desconocimiento de la competencia territorial del juez y la falta de legitimación activa del ciudadano que interpuso el amparo.

En cuanto a antecedentes, el 14 de enero, el TSE decidió cancelar la personería jurídica de varias alianzas políticas que incluían al partido ADN para las Elecciones Subnacionales. Entre estas alianzas se encuentran Nueva República (NEO-RES-PVB), Primero El Alto, Recuperemos La Paz, Vamos por el Progreso y SAO-ADN. Como consecuencia, quedaron inhabilitadas las candidaturas presentadas por dichas coaliciones.

El TSE aclaró que esta cancelación no afecta la vigencia de los mandatos de las autoridades electas en procesos anteriores bajo estas organizaciones, conforme al artículo 60 de la Ley 1096. Además, se ordenó a los Tribunales Electorales Departamentales y demás instancias competentes asegurar el cumplimiento estricto de estas disposiciones, garantizando la legalidad y transparencia del proceso electoral