La denuncia contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de personas, en la que se señala a Noemí Meneses como víctima, permanece estancada en la Fiscalía Departamental de La Paz mientras se evalúa la existencia de indicios suficientes para avanzar en el caso, según informó el fiscal general Róger Mariaca.
Actualmente, la denuncia se encuentra en la unidad de análisis de la Fiscalía de La Paz, donde el fiscal encargado tiene un plazo de 24 horas para decidir si admite o rechaza la denuncia, basándose en la claridad y precisión de los hechos expuestos. Hasta el momento, no se ha iniciado una investigación formal, ya que la denuncia fue presentada el 30 de diciembre de 2025 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), y aún no se ha emitido una resolución definitiva.
El origen del caso se remonta al 12 de julio de 2020, cuando la Policía llevó a cabo un operativo para recuperar un vehículo de la Gobernación de Cochabamba que había sido reportado como robado. Este vehículo, aunque pertenecía a la entidad pública, estaba siendo utilizado desde 2018 para fines personales por el hermano de Noemí Meneses, quien trabajaba como chofer para la Gobernación. Durante la intervención, se incautó el teléfono móvil de Meneses, donde se encontraron registros de llamadas, fotografías y mensajes que indicaban una relación sentimental con Morales desde 2015, cuando ella tenía 14 años. En agosto de ese mismo año, Alcázar presentó una denuncia por estupro y trata de personas, la cual avanzó hasta poco antes de la asunción del presidente Luis Arce, momento en el que la Fiscalía decidió cerrar la investigación.
Marcelo Alcázar ha señalado que el cierre del caso en 2020 fue resultado de presiones políticas y órdenes del entonces fiscal general Juan Lanchipa. Además, ha manifestado que durante todo este tiempo ha sido objeto de persecución política, pero mantiene el compromiso de denunciar las irregularidades cometidas por Morales y la supuesta red criminal que facilitó el acceso a menores de edad, intentando ocultar estos hechos.
El fiscal general Mariaca aclaró que, conforme a la Constitución Política del Estado y al Código de Procedimiento Penal, no es posible iniciar un nuevo proceso por el mismo hecho delictivo por el cual ya se ha investigado o procesado a una persona. Sin embargo, Alcázar argumenta que existen dos perspectivas en este caso. Por un lado, sostiene que el cierre de la investigación en 2020 fue producto de tráfico de influencias, ya que en ese periodo se recopiló una cantidad considerable de pruebas documentales, declaraciones y fotografías suficientes para llevar a Morales a juicio.
Por otro lado, la denuncia presentada a finales de 2025 plantea una nueva línea de hechos, manteniendo a Meneses como víctima de estupro y trata de personas, pero enfocándose en la presunta complicidad de al menos 11 personas que habrían facilitado los viajes de Meneses desde 2015 hasta 2020. Según esta denuncia, dichas personas adquirieron pasajes en la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) para que Meneses realizara al menos 37 viajes a distintos destinos, donde se presume que sostuvo encuentros íntimos con Morales.
Además, se menciona la supuesta participación del exgerente de BOA, Ronald Casso, quien habría permitido que Meneses viajara al menos 26 veces siendo menor de edad, sin contar con el permiso requerido otorgado por la Defensoría de la Niñez. En respaldo de estas afirmaciones, se presenta un informe de BOA de 2020 y fotografías encontradas en el celular de Meneses que muestran su presencia en vuelos de la aerolínea y también en aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana, incluyendo imágenes tomadas en la ciudad de El Alto, donde aparece sentada en un helicóptero con una camiseta conmemorativa del Dakar 2017.
Este caso continúa generando expectativas sobre la posibilidad de que se reactive la investigación, mientras las autoridades evaluan la viabilidad jurídica para proceder
