El gobierno boliviano ha oficializado la Ley 1680, un nuevo marco normativo enfocado en la protección integral y reparación para los hijos e hijas que han quedado huérfanos a causa de feminicidios y otros crímenes contra la vida. Esta legislación, promulgada por el presidente Luis Arce, representa un compromiso fundamental del Estado con la salvaguarda de la niñez y adolescencia.

La normativa busca garantizar un soporte económico, social y psicológico indispensable para los menores que han perdido a sus madres como consecuencia directa de la violencia de género. El Presidente ha subrayado la dedicación del Estado a la protección de los derechos de la infancia, destacando la relevancia de esta ley para el futuro y bienestar de estos niños y niñas.

Uno de los pilares centrales de esta ley es la creación de un bono económico mensual, cuyo monto no será inferior al 20% del salario mínimo nacional, fijado actualmente en 2.750 bolivianos. Este beneficio será gestionado por el nivel central del Estado y se otorgará bajo dos modalidades: un bono provisional, que se comenzará a entregar desde el inicio de la investigación del delito, y un bono definitivo, que se consolidará una vez que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. La ley establece de manera explícita que este apoyo económico no podrá ser suspendido, incluso si el autor del crimen no es identificado o si se produce una absolución, asegurando así la continuidad de la ayuda.

Adicionalmente, la Ley 1680 contempla una serie de medidas complementarias de protección integral. Estas incluyen el acceso garantizado a la educación y a los servicios de salud, así como un subsidio alimentario dirigido a niños y niñas menores de cinco años. Se brindará acompañamiento psicológico y terapéutico a través de equipos multidisciplinarios, junto con atención legal gratuita y especializada. También se ha dispuesto el acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS), con cobertura total, y se otorgará prioridad en los programas de vivienda social para los tutores a cargo de estos menores.

La legislación pone un énfasis particular en la unidad familiar, dictaminando que los hermanos no deben ser separados en situaciones de acogimiento o adopción. El objetivo primordial es que los menores crezcan en entornos seguros y afectivos. Los beneficios de esta ley están dirigidos a hijos e hijas menores de 18 años, y se extienden hasta los 25 años en aquellos casos en que los beneficiarios se encuentren cursando estudios superiores