La región del Gran Chaco se mantiene atenta a la evolución de una ley departamental recientemente aprobada, la cual establece la distribución del 45% de las regalías. Las autoridades y la población local están a la espera de los efectos que esta legislación pueda generar para determinar las acciones pertinentes a seguir.

Un representante del comité cívico de Yacuiba ha expresado la preocupación generalizada, señalando que la normativa es considerada inconstitucional e inaplicable por la región. Actualmente, la ley se encuentra en proceso dentro de la Asamblea departamental y aún no ha sido remitida a la gobernación, lo que impide cualquier acción concreta por parte de la región hasta que su tramitación concluya.

La objeción principal a la ley radica en su presunta inconstitucionalidad, dado que, según los argumentos, vulnera un precepto fundamental. La Autonomía Regional del Gran Chaco está plenamente reconocida y respaldada por la Constitución, con toda su normativa debidamente certificada. En este contexto, una ley de ámbito departamental no podría, bajo ningún concepto, afectar o alterar una disposición de carácter constitucional.

Asimismo, se argumenta que la ley es inaplicable. La normativa prevé la entrega de recursos directamente a los municipios, una disposición que carece de un marco regulatorio y administrativo adecuado. Los municipios se rigen por leyes nacionales, no por normativas departamentales. La ausencia de una estructura administrativa y normativa que respalde la gestión de estos recursos a nivel municipal, proveniente de una ley departamental, hace inviable su implementación. Las directrices para los más de 300 municipios del país emanan del nivel nacional, no del ámbito departamental.

Por lo tanto, la región del Gran Chaco aguarda la resolución definitiva del proceso legislativo para evaluar el escenario y definir los pasos a seguir