La expresidenta Jeanine Áñez se prepara para su inminente liberación del centro penitenciario de Miraflores, una medida que se ejecuta tras la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dicha instancia judicial ha invalidado la condena de diez años impuesta a la exmandataria en el denominado caso “Golpe II”, disponiendo su excarcelación de forma inmediata.

El equipo legal de la exgobernante ha confirmado que no existen obstáculos adicionales que impidan su salida, aunque el proceso administrativo para hacer efectiva la orden podría extenderse, con un plazo máximo previsto hasta el jueves. La determinación, adoptada por unanimidad por la Sala Plena del TSJ, se fundamenta en un recurso de revisión extraordinaria presentado por la defensa. Este fallo representa un momento crucial tanto para el sistema judicial boliviano como para el panorama político, en un periodo de transición gubernamental.

Familiares de la exmandataria expresaron su profunda emoción ante la noticia. Su hijo, al llegar al penal, manifestó su esperanza de que la investigación sobre su madre, en su rol presidencial, se desarrolle con imparcialidad, aludiendo a la percepción de una condena con motivaciones políticas. Subrayó la recuperación de la independencia judicial como un logro para la nación. De manera similar, su hija compartió su alivio y gratitud por el fin de casi cinco años de detención, calificando la decisión como un acto de justicia que restituye los derechos constitucionales de su madre y que, a su juicio, marca un cambio en el equilibrio de poder político en el país.

Los abogados defensores de Áñez explicaron que la resolución del TSJ anula por completo la sentencia del caso “Golpe de Estado II” y exige su pronta puesta en libertad. Detallaron que la absolución se dictaminó debido a una aplicación incorrecta de la normativa durante el proceso, aclarando que esta nulidad es específica para la expresidenta y no afecta a otros coacusados.

El presidente del TSJ había anticipado previamente desde Sucre la anulación de la sentencia y la necesidad de una liberación sin demora. Destacó que el mensaje inherente a esta decisión es la transformación de la justicia, reafirmando el compromiso del tribunal con la protección de los derechos, la rectificación de errores y la actuación independiente de cualquier influencia política. Esta resolución, fechada a principios de octubre, se hizo pública en un momento significativo, coincidiendo con la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos en Sucre, en preparación para la próxima transmisión de mando. La presidencia del TSJ ha estado impulsando una política de revisión judicial desde agosto, incluyendo la verificación de los plazos de detención preventiva de figuras clave en los eventos de 2019.

Desde su reclusión, la expresidenta transmitió un mensaje de serenidad, interpretando la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia como una reparación de un derecho, más que un triunfo o un obsequio. Expresó su júbilo y su fe en que la justicia, aunque tardía, ahora infunde esperanza. Días antes, había reflexionado públicamente sobre su tiempo en prisión, afirmando no arrepentirse de haber servido a su país y destacando que la verdadera libertad reside en la convicción de la verdad de sus acciones.

Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 y procesada bajo la jurisdicción ordinaria, a pesar de su condición de exmandataria. Su condena de diez años por el caso “Golpe II”, que la acusaba de haber asumido la presidencia de manera inconstitucional tras la dimisión de Evo Morales, se convirtió en uno de los expedientes más resonantes del sistema judicial boliviano. Además del proceso ahora anulado, la exmandataria enfrenta otras siete causas, las cuales, según su defensa, deberían ser tratadas como juicios de responsabilidades ante el TSJ. Su próxima liberación es vista por muchos como el preludio de una nueva fase en la administración de justicia en Bolivia, con un renovado compromiso de corregir errores pasados y prevenir futuras injusticias