El exfuncionario municipal Cleiton Z., de 38 años, se encuentra bajo detención en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del municipio de Sacaba. Enfrenta cargos por violencia intrafamiliar y abuso sexual, mientras la Fiscalía evalúa la posibilidad de ampliar la imputación a tentativa de feminicidio, debido a la extrema brutalidad del ataque perpetrado contra su expareja el pasado 16 de septiembre.

El individuo se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, acompañado por tres abogados. Para evitar su identificación, acudió cubierto con una gorra, una capucha y un barbijo. Tras rendir su declaración informativa, fue aprehendido y trasladado a las dependencias policiales, donde permanece a la espera de la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación judicial.

Según el relato de la mujer agredida, el agresor ingresó a su domicilio con el pretexto de recoger un bidón de gasolina. Una vez dentro, la sometió a una violenta agresión física, arrastrándola por el patio antes de atacarla en el área de la ducha. La víctima describió cómo fue golpeada, arrastrada hacia la sala, pateada y luego llevada a la terraza, donde el agresor profirió amenazas de muerte, todo ello en presencia de su hija de nueve años.

La brutalidad del asalto dejó a la mujer inconsciente. Las cámaras de seguridad del inmueble registraron parcialmente la agresión, y los informes médico-forenses han corroborado la severidad de las lesiones sufridas.

La autoridad fiscal ha señalado que, además de los delitos de violencia familiar y abuso sexual, se está considerando la imputación por tentativa de feminicidio. Esta evaluación se fundamenta en la extrema violencia ejercida, la evidencia audiovisual recopilada, los dictámenes médicos y el testimonio de la víctima.

Las pesquisas preliminares indican que el acusado habría intentado disuadir a la víctima de presentar la denuncia, instándola a guardar silencio. Posteriormente, se mantuvo en la clandestinidad, presuntamente con el apoyo de allegados que le habrían proporcionado información.

Este suceso ha generado una profunda indignación en la sociedad cochabambina, que exige que el caso no quede impune y que la justicia actúe con celeridad para asegurar la protección de la víctima y su hija. Ambas reciben actualmente asistencia psicológica, médica y legal integral, bajo el amparo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La audiencia de medidas cautelares, programada para las próximas horas, será crucial para definir si el acusado es enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial