Desde el penal de San Pedro, donde se encuentra detenido desde hace seis meses, el exministro de Gobierno Arturo Murillo ha enviado una carta dirigida al presidente Rodrigo Paz en la que denuncia ser víctima de una persecución política y afirma estar injustamente privado de su libertad. En esta misiva, fechada el 8 de marzo, Murillo solicita una auditoría exhaustiva a todos los procesos judiciales que enfrenta, asegurando que si se comprobara alguna responsabilidad, estaría dispuesto a asumir las consecuencias y pagar lo que corresponda. Sin embargo, insiste en que hasta el momento ha sido objeto de detenciones arbitrarias y la confiscación de todos sus bienes.
Murillo atribuye la responsabilidad directa al gobierno encabezado por Paz Pereira, al que insta a revisar con detenimiento las causas legales en su contra antes de respaldarlas sin cuestionamientos. En su relato, el exfuncionario denuncia que la persecución política no solo ha afectado su persona, sino también a familiares cercanos. Menciona específicamente que bienes pertenecientes a su hermana y sobrino fueron incautados y que algunas personas inocentes han sido encarceladas como parte de esta supuesta campaña contra él; entre ellas figura su excuñado. Incluso relata un episodio inusual en el que sus perros fueron abandonados en la calle, un detalle que utiliza para enfatizar la dureza del trato recibido.
Respecto a los motivos por los cuales decidió abandonar Bolivia, Murillo explica que cuando se acercaba el fin del mandato de transición bajo la presidencia interina de Jeanine Áñez, tuvo conocimiento de un plan para atentar contra su vida. Ante esta amenaza inminente, se vio forzado a salir del país para preservar su integridad física. No obstante, subraya que en ese momento no existía ninguna acusación formal en su contra; cualquier cargo que pudiera haber surgido era infundado y no le fue notificado previamente. Desde entonces ha enfrentado más de 28 procesos judiciales vinculados a diferentes causas legales y ha pasado por cuatro detenciones preventivas.
El exministro también expresa su decepción respecto al sistema judicial boliviano. Señala que cuando solicitó trasladarse desde Estados Unidos —donde cumplió una condena— con la esperanza puesta en un cambio político tras las elecciones nacionales, creyó que la oposición podría lograr una segunda vuelta electoral favorable y modificar la situación del país. Sin embargo, asegura que tanto el Ministerio Público como gran parte del Poder Judicial permanecen bajo control del Movimiento al Socialismo (MAS) y mantienen métodos represivos equiparables a una tortura judicial, lo cual dificulta cualquier posibilidad real de justicia imparcial.
En cuanto a las causas específicas por las cuales está siendo procesado, Murillo menciona cuatro casos concretos: los relacionados con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), así como los vinculados al uso y adquisición de gases lacrimógenos provenientes de Ecuador y Brasil, además del caso conocido como catering. Aunque no detalla en profundidad cada uno de estos procesos en la carta, deja entrever que considera estas causas como parte de una estrategia diseñada para perjudicarlo políticamente.
La carta enviada por Arturo Murillo desde prisión refleja un panorama complejo donde se mezclan acusaciones judiciales con denuncias por persecución política y violaciones al debido proceso. Su petición de una auditoría transparente busca poner bajo escrutinio las irregularidades que él percibe en su caso y reclama un trato justo conforme a derecho. Este episodio adquiere relevancia no solo para el exministro sino también para sectores políticos y sociales interesados en la justicia y la gobernabilidad dentro del país. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre lucha contra delitos cometidos por funcionarios públicos y posibles usos indebidos del sistema judicial con fines políticos
