La actual administración boliviana ha reafirmado su compromiso con la protección de la vida y los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esta postura surge tras una reciente y contundente operación policial en Río de Janeiro, Brasil, que involucró a la banda criminal Comando Vermelho y dejó un elevado número de víctimas.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, destacó que la erradicación del crimen organizado y el tráfico de drogas representa un desafío global que demanda una acción concertada entre las naciones. Enfatizó la necesidad de abordar esta problemática con un profundo respeto por la dignidad humana y una firme adhesión a los principios de los derechos humanos. Si bien las actividades ilícitas de estas organizaciones representan una amenaza para la ciudadanía, su enfrentamiento no debe, bajo ninguna circunstancia, poner en peligro la vida de la población civil.

La estrategia gubernamental boliviana contra las redes delictivas y sus operaciones se fundamenta en el cumplimiento de la normativa vigente, una coordinación efectiva y genuina entre las fuerzas de seguridad de los distintos estados, y la no estigmatización de los ciudadanos. Se ha expresado solidaridad con el pueblo brasileño, sus autoridades de seguridad y los agentes policiales por las pérdidas humanas, tanto de uniformados como de civiles, registradas durante el operativo.

Las autoridades bolivianas han asegurado que mantendrán su firmeza en la confrontación del narcotráfico y el crimen organizado hasta el último día de la actual gestión, guiándose por una política de cooperación, responsabilidad compartida y un irrestricto respeto por la vida y los derechos fundamentales. Asimismo, se hizo hincapié en que la existencia de amenazas comunes como el tráfico de estupefacientes o la delincuencia organizada no debe ser pretexto para hostigar a otras naciones ni para la implementación de planes de intervención militar encubiertos.

En un desarrollo relacionado, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, instó a la administración en funciones a implementar de manera inmediata todas las medidas de control y seguridad fronteriza necesarias. El objetivo es prevenir el ingreso al territorio nacional de miembros de organizaciones criminales procedentes de Brasil, a raíz de la mencionada operación en Río de Janeiro. Desde su oficina, se subrayó que la salvaguarda de las fronteras y la protección de los ciudadanos bolivianos constituyen una prioridad nacional ineludible, por encima de cualquier divergencia política.

La operación brasileña, llevada a cabo en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una extensa zona empobrecida habitada por aproximadamente 200.000 personas, tenía como objetivo principal la captura de los líderes del Comando Vermelho, considerada la organización criminal más antigua y poderosa de Río, con ramificaciones por todo el país. Los enfrentamientos se extendieron a áreas boscosas en las colinas que rodean estas barriadas. Si bien el gobierno regional de Río de Janeiro ha reportado 121 fallecidos, incluyendo cuatro agentes policiales, la Defensoría Pública, que recabó datos de institutos forenses y en el lugar de los hechos, cifra las víctimas en 132. Como resultado de la acción, se detuvo a 113 sospechosos, se puso bajo custodia policial a 10 adolescentes, y se incautaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y varias toneladas de droga