Los empleados con discapacidad que laboran en la Asamblea Legislativa de Tarija han manifestado públicamente su preocupación y descontento debido a la acumulación de salarios impagos que se extienden por un periodo de tres meses. Esta situación fue plasmada en un documento formal dirigido al presidente de la institución, Damián Castillo Villarrubia, quien confirmó la recepción de esta nota y reconoció la gravedad del problema económico que atraviesa el ente legislativo.

El reclamo de estos trabajadores con capacidades diferentes no solo refleja una problemática puntual, sino que se inserta en un contexto más amplio de dificultades financieras que afectan a todos los funcionarios del Legislativo local. Según explicó Castillo, la Asamblea está sumida en una crisis económica profunda, caracterizada por una deuda significativa heredada desde los años 2024 y 2025, que ha generado un retraso considerable en el pago tanto de sueldos como de servicios básicos indispensables para el funcionamiento diario.

Uno de los aspectos más preocupantes es que esta situación ha llevado a la paralización casi total de las actividades administrativas. La falta de recursos ha impedido la adquisición de materiales esenciales tales como papel y tinta para impresoras, elementos indispensables para la gestión documental y operativa. Además, el parque automotor asignado a la Asamblea se encuentra detenido debido a la ausencia de combustible, lo cual limita severamente las labores externas o desplazamientos necesarios para el cumplimiento de funciones oficiales.

El presidente del Legislativo manifestó que, aunque existe un presupuesto aprobado para el año 2025 que asciende a 17.5 millones de bolivianos, solo se ha transferido hasta ahora una parte equivalente a 14 millones. Esta discrepancia entre presupuesto asignado y liquidez disponible ha complicado las finanzas internas, ya que pese a contar con recursos aprobados no reciben las transferencias monetarias oportunas para cubrir las obligaciones salariales y operativas. La deuda acumulada alcanza aproximadamente los 600 mil bolivianos correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores y actuales.

La crítica situación financiera también ha tenido repercusiones directas sobre los servicios contratados por la Asamblea. En estos primeros meses del año actual ya se han registrado cortes en servicios esenciales como el internet, lo cual dificulta aún más las labores legislativas y administrativas diarias. Este panorama revela un deterioro significativo en la capacidad operativa del órgano legislativo local, poniendo en riesgo no solo el bienestar del personal sino también el cumplimiento efectivo de sus funciones públicas.

Ante esta coyuntura, el presidente Castillo reconoció que las medidas solicitadas por autoridades superiores, como el gobernador Oscar Montes quien instó recientemente a realizar “ajustes de cinturones”, han alcanzado un límite difícilmente sostenible. Según sus palabras, ya no es posible reducir más los gastos sin afectar gravemente el funcionamiento institucional ni la estabilidad laboral del personal.

Esta crisis económica dentro de la Asamblea Legislativa tiene implicaciones importantes para toda la población tarijeña, ya que afecta directamente la gestión política y administrativa encargada de representar y atender las demandas ciudadanas. El retraso en pagos y la paralización funcional pueden traducirse en demoras o limitaciones en proyectos legislativos y programas sociales dependientes del accionar parlamentario local.

En medio de este escenario adverso, resulta fundamental destacar que previamente se había aprobado una ley junto con su reglamento correspondiente para regular aspectos relacionados con esta institución; sin embargo, estas normativas aún no han logrado mitigar ni resolver las dificultades financieras actuales. La situación demanda soluciones urgentes y coordinadas entre las diversas instancias gubernamentales responsables para garantizar tanto el pago justo a los trabajadores como el funcionamiento adecuado del órgano legislativo.

En definitiva, el caso pone en evidencia la vulnerabilidad institucional frente a problemas financieros internos y externos, así como la necesidad imperiosa de fortalecer mecanismos administrativos y presupuestarios que aseguren estabilidad económica y operativa. Mientras tanto, los empleados con discapacidad continúan esperando respuestas concretas y acciones efectivas para superar esta delicada etapa marcada por incertidumbre e incomodidad laboral