Desde hace un tiempo, la calidad de la gasolina distribuida en ciertas regiones ha sido motivo de preocupación para los usuarios y sectores vinculados al transporte. Recientemente, el dirigente de la Federación Urbana de Transporte de La Paz Chuquiago Marka, Santos Escalante, volvió a poner sobre la mesa una problemática que, según él, afecta directamente a los vehículos: el deterioro de la pintura causado por el combustible suministrado. Escalante denunció que la gasolina que llega a esta región no solo está dañando la estética de los automotores, sino que incluso deja una mancha amarillenta visible en el borde donde se encuentra el tapón de carga.
Esta situación ha generado inquietud entre los conductores y propietarios de vehículos, quienes observan cómo, con el uso continuado del combustible actual, la apariencia externa de sus motorizados se ve comprometida. Además, el dirigente señaló que la incorporación reciente de ciertos aditivos en la gasolina parece haber empeorado este problema, aunque espera que con el tiempo se puedan observar mejoras. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio positivo no será inmediato ni perceptible de la noche a la mañana, lo que refleja un grado de incertidumbre sobre las medidas correctivas o modificaciones en la composición del carburante.
Más allá del daño material a los vehículos, Escalante hizo un llamado directo a las autoridades gubernamentales para que aseguren la provisión de un combustible con estándares adecuados y sin alteraciones perjudiciales. Su reclamo se sustenta en un contexto económico particular: señaló que ya no existe una subvención sobre la gasolina, lo cual incrementa las expectativas por recibir un producto acorde al precio pagado. En su opinión, al eliminarse este subsidio es imperativo garantizar una gasolina sin aditivos ni elementos añadidos que puedan afectar tanto a los vehículos como a sus usuarios.
Esta preocupación no es exclusiva de La Paz. Conductores en Santa Cruz también han manifestado denuncias similares a través de las redes sociales, evidenciando un malestar generalizado en diferentes localidades respecto a la calidad del carburante distribuido en el mercado interno. Estos reclamos reflejan una demanda creciente por transparencia y control sobre los insumos energéticos fundamentales para el transporte y la movilidad diaria.
Frente a estas acusaciones y demandas ciudadanas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal encargada del suministro y comercialización del combustible en Bolivia, emitió una respuesta oficial negando cualquier responsabilidad sobre daños causados por los aditivos incorporados en su gasolina. El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, calificó las denuncias como infundadas e incluso sugirió que podrían formar parte de una campaña destinada a afectar negativamente la imagen institucional del ente petrolero.
Mendoza Torres explicó que realizó personalmente pruebas aplicando gasolina sobre pintura y no observó ningún tipo de decoloración o daño visible. Su declaración apunta a descartar cualquier vínculo entre los componentes químicos añadidos al carburante y el deterioro reportado por los usuarios. Esta postura enfrenta directamente las críticas planteadas por los transportistas y conductores afectados.
El conflicto pone en evidencia una tensión entre las percepciones ciudadanas y las explicaciones oficiales respecto a un producto básico para el funcionamiento cotidiano del país. La calidad del combustible impacta no solo en aspectos técnicos relacionados con el rendimiento vehicular o mantenimiento preventivo sino también en dimensiones económicas y sociales vinculadas al costo real del transporte y al bienestar general de quienes dependen diariamente del uso automotor.
En este escenario, resulta fundamental que las autoridades responsables profundicen en los controles de calidad y establezcan mecanismos claros para monitorear cualquier posible afectación derivada del suministro energético. La garantía de un combustible confiable es esencial para preservar tanto la integridad física de los vehículos como la confianza pública hacia las instituciones encargadas del sector hidrocarburífero.
Mientras tanto, transportistas y usuarios continúan demandando respuestas concretas y soluciones efectivas ante un problema que consideran prolongado y tangible. La expectativa recae ahora en medidas que permitan revertir esta situación o al menos mitigar sus efectos negativos sobre quienes diariamente enfrentan estos inconvenientes al momento de cargar combustible para sus vehículos
